Peor que un conejo

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El gran obstáculo que tenemos para salvar la democracia es el Congreso de la República. Ni siquiera es Petro. Las constituciones democráticas del mundo contemplan caminos para resolver crisis presidenciales que pueden ser provocadas porque logre colarse en la presidencia un loco o un corrupto o un incompetente o todas las anteriores. Cuando este tipo de eventualidades ocurren son los congresos los que tienen la llave de la protección de la democracia y de la solución de la crisis. La principal responsabilidad de los parlamentos es el control político: más allá de legislar o aprobar el presupuesto, lo que deben hacer los congresos es servir de contraparte a los abusos de poder que provengan del Ejecutivo.

Por eso si el Congreso no entiende su responsabilidad corre el riesgo de colapsar la democracia por el desequilibrio flagrante del sistema político. Y saber que la causa principal de que el Congreso deje de cumplir su labor fundamental, para la cual fue elegido, es la corrupción. Por eso es tan grave que los congresistas y los partidos políticos se le vendan al Gobierno. Por eso es tan grave que terminen aprobándole la ley de pensiones o la ley de lo que sea a cambio de que les den entidades o les elijan contralores o les nombren a la abuelita o a la mamá en los consulados.

Para nadie es un secreto que Gustavo Petro no respeta la Constitución y que, por el contrario, andar caminos que vulneren los institucionales le produce un cierto placer que él considera revolucionario. Ante esta realidad, ¿cuál es la obligación del Congreso? Sencillamente, cumplir con su deber de ejercer a cabalidad el control político en defensa de las libertades y los derechos ciudadanos y de la primacía de la Constitución.
La pregunta que todos nos hacemos es qué va a hacer el Congreso finalmente frente a Petro. ¿Se va a vender, a arrodillar o va a cumplir con su deber?

Y la otra pregunta que se hacen las ciudadanías es qué hacer entonces si el Congreso se vende y termina arrodillándose a Petro, una vez más por corrupción. Desde distintas voces vienen planteándose salidas ciudadanas más radicales para frenar los abusos de poder de Petro. Ya hay líderes de opinión, como Gustavo Álvarez Gardeazábal, Felipe Zuleta, Luigi Echeverri, que vienen planteando un paro nacional recordando los hechos del 10 de mayo de 1957, que lograron frenar la dictadura de Rojas Pinilla. O la otra posibilidad es que la justicia reaccione oportunamente y las altas cortes, comenzando por la Corte Suprema de Justicia, les hagan entender a los congresistas que tienen obligaciones constitucionales ineludibles.

Los congresistas deben saber que las curules no son propiedad privada y que la inviolabilidad sobre sus opiniones y sus votos, que quedó consignada en la famosa sentencia de Carlos Gaviria, tiene límites. La inviolabilidad no cobija la corrupción, la inviolabilidad no cobija la negligencia frente a un presidente que atropella los caminos institucionales para salirse siempre con su parecer, ni mucho menos funciona la inviolabilidad para amparar a congresistas que se venden a cambio de puestos y negocios dejando de ser el contrapeso frente a los zarpazos de un presidente que abusa del poder y cuyo verdadero propósito, aunque diga lo contrario, es atornillarse en la presidencia.