Reina la impunidad política

Un colega extranjero que durante la semana conoció las notas de prensa que han circulado sobre corrupción gubernamental me preguntó si saldrían de sus cargos los funcionarios públicos mencionados en los medios. Me ilustró que, frente a casos análogos, lo primero que opera en su país es la responsabilidad política, por la exigencia ciudadana de que, inicialmente, los presuntos responsables paguen con sus cargos, sin perjuicio de las actuaciones de la justicia, en su debido tiempo, según los tiempos procesales.

No fue necesario elaborar una respuesta erudita. Bastó que le diera a conocer la única declaración oficial que ha emitido el ministro de Hacienda, luego de saberse –gracias a la prensa– del contenido de los chats en los que se lo menciona en el repudiable caso de la Unidad para la Gestión del Riesgo: “Afrontaré con respeto por la justicia cualquier examen sobre mis actos oficiales. Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico, sin distraerme de mis verdaderas obligaciones”.

Es decir, Bonilla no puso la cara, ofreciéndole a la ciudadanía cuando menos una explicación mínima que hiciera claridad sobre las razones por las cuales personalmente firmó, en período de sospecha, una resolución para inyectarle 700.000 millones de pesos a la UNGRD, con destino a tres contratos ‘sub judice’, acerca de cuya suerte –según las evidencias y los testimonios judicializados– indagaban afanosamente la cartera de Hacienda y los asesores del ministro.

El minhacienda mucho menos ofreció hacerse a un lado, para garantizar que las investigaciones avancen sin interferencia alguna desde su poderoso cargo, frente a los hechos por los que se lo vincula con fundamento en graves señalamientos, sustentados documentalmente. Le pareció más cómodo judicializar su caso, para entrar en una zona de confort, en la que no responde políticamente, continúa orondo en su puesto y cada vez que se le pregunte por el tema contestará que es asunto de la justicia y que el proceso está sujeto a reserva. Ya decía un locuaz exministro de este gobierno: los fallos se conocen tardíamente, pasados los lustros, en la tumba ministerial, “cuando salgan los resultados”.

Tiene razón mi amigo. Es evidente que Colombia nunca va a salir de la corrupción sistémica en la que se hunde, si los altos funcionarios no responden políticamente y, de paso, el jefe del Estado los acolita. Más grave cuando Petro descalifica por trino a los testigos de la francachela y absuelve públicamente a sus amigos, sin siquiera esperar a que la justicia se pronuncie.

La verdad es que, en el “Gobierno del cambio”, los funcionarios cuestionados nunca se apartan de sus chanfas. Inclusive, se les asciende o trata de mantenérseles a juro en sus posiciones. Es más, pululan los altos empleados públicos que arriban a las Cortes para enfrentar sus procesos en sus lujosos carros oficiales, sean ministros, directores de departamento o embajadores, lo que manda un claro mensaje de degradación de la función pública. El peor de los ejemplos es el que da César Augusto Manrique, actual director del Departamento de Función Pública, quien desde su cargo atiende la casación de su caso ante la Corte Suprema, por los turbios contratos ya condenados respecto de las famosas motos eléctricas de la Bogotá Humana. Vale decir, desde la cúspide misma de la entidad encargada de la integridad del servicio público, el rector de la misma se defiende sin complejo alguno. ¡Vaya ejemplo!

La sociedad está en mora de pedir responsabilidades efectivas, como lo exigía el senador Petro con sus debates y sus protestas públicas. No se trata simplemente de que los encartados se defiendan como ciudadanos; es necesario que dicha responsabilidad se manifieste también en la protección efectiva de los testigos y de las pruebas oficiales. Nada de lo que ocurre actualmente, si se reconoce hasta la pérdida de evidencias en el propio palacio presidencial. Así, lo que crece por estos días como maleza es la impunidad política: la semilla de la corrupción.

Taponazo: Esta columna se escribió sin conocer el discurso de instalación del Congreso. Nos ocuparemos de él el próximo domingo.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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