La distinción predominante sobre las organizaciones armadas de Colombia es si su carácter es político o criminal. Se considera política a una organización si dispone de un proyecto ideológico que cuestione la legitimidad del Estado y se proponga suplantarlo mediante una revolución o, al menos, reclamar grandes reformas estructurales. Ese ha sido el caso de casi todas las insurgencias que tuvieron su origen en la Guerra Fría. Eran maximalistas en sus aspiraciones políticas, de allí que haya sido tan complicado hacer procesos de paz.
Por su parte, los paramilitares no fueron capaces de desarrollar un proyecto ideológico que se legitimara ante el país político. Lo más cerca que estuvieron fue durante las apariciones de Carlos Castaño en los medios en el 2000. La idea de una organización nacional que reclamara el derecho a la legítima defensa alcanzó a tener popularidad hasta que se hicieron evidentes los vínculos con actividades criminales y que muchos paramilitares utilizaron la guerra para enriquecerse.
La guerrilla, en contraste, ha reclamado una justificación ideológica de su participación en actividades criminales, en particular el narcotráfico y el secuestro, bajo la lógica de que la riqueza producida no se utilizaba para el enriquecimiento personal. En ese sentido, las guerrillas han sido consideradas más ideologizadas y los paramilitares, más criminalizados.
La distinción no puede ser si son criminales o no, más bien debe ser si tienen un proyecto político nacional o solo territorial.
Esta distinción se mantiene hoy, pese a la evolución ideológica de las organizaciones armadas. Es evidente en la forma como el Gobierno ha planteado la 'paz total' a las diferentes organizaciones. Al Eln se lo considera político por su origen revolucionario, así secuestre y trafique. A las disidencias de las Farc, un poco menos. La ausencia de mandos anclados en los postulados revolucionarios del siglo pasado abre cuestionamientos sobre si las disidencias realmente están motivadas por una causa política o si solo se trata de la explotación de negocios ilícitos. A 'los Gaitanistas' y demás grupos que se derivaron de las Auc no se les hace ninguna concesión política.
No se aprecian las sutiles rupturas ideológicas que ocurrieron con el agotamiento del discurso revolucionario de la Guerra Fría y del derecho a la legítima defensa. Las disidencias ya no piensan en la política maximalista de la revolución, se enfocan en transformar situaciones concretas de las comunidades: construyen colegios, vías y puestos de salud, montan el sistema catastral que el Estado nunca pudo hacer. 'Calarcá', uno de sus comandantes, sostuvo en una entrevista: "Tenemos una mesa instalada que es donde vamos a hablar de lo nacional, pero a su vez vamos a ir haciendo transformaciones territoriales donde esté vinculado el pueblo (...). Nosotros somos el ejército de ese pueblo, no los patrones. Así los tomaron en los acuerdos de La Habana. Los mandos de ese entonces se creyeron los patrones de ese pueblo. No los vincularon".
Algo similar ocurre con 'los Gaitanistas'. Hay rupturas. En este caso, con las élites y agentes de Estado que en un momento dado tuvieron vínculos con las Auc. En vez de pensar un gran proyecto nacional contrainsurgente, se centran en asuntos de las comunidades como la provisión de orden y seguridad, la construcción de infraestructura y servicios sociales como educación y la organización de economías ilegales e informales de la que vive la población local.
Dado que todas las organizaciones armadas tienen participación en actividades criminales, una distinción más coherente con la realidad es el nivel donde plantean la política. Una cosa son los proyectos que aspiran a transformar las estructuras nacionales, como el del Eln o 'Iván Márquez', y otra cosa, los proyectos que se centran en transformaciones concretas de sus territorios bajo control. Puede que con estos últimos sea mucho más viable negociar.