‘Abolimos las masacres’

SERRANÍA DE SAN LUCAS (SUR DE BOLÍVAR). Ninguno es nativo de la zona. Tres son jefes militares, y uno ejerce de comandante político. Originarios de Urabá y Casanare, forman el Estado Mayor Regional de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), como quisieran que los conozca el país. Nada de ‘clan del Golfo’. “Seguidores de Jorge Eliécer Gaitán”, dicen, con Otoniel Úsuga como máximo líder y el pasquín Por una Colombia Madre Patria para Todos de ideario.

Me miran con desconfianza, sobre todo alias Antonio, un cuarentón robusto, de ojos pequeños y escrutadores, que perteneció a las Auc, al igual que sus compañeros. Sospecha que puedo ocultar una microcámara o un micrófono en las gafas, el reloj, el colgante. No dan sus nombres, pero ya sé que enfrente, además del mencionado, tengo a ‘Alexis’, el político, de unos 30 años, el más asequible en la comunidad; ‘Champeta’, de contextura grande, pasó por la cárcel y en ningún momento tomó la palabra. Y el ‘Cabo’, hombre de cara afilada, delgado y directo.

Los protegen pocos escoltas con Galil. Hablamos en una vereda de calles polvorientas y casas de tablones, uno de sus feudos de la serranía. Es la primera vez que conceden una entrevista. Están empeñados en envolverse de ropaje político para negociar algún día con el Gobierno, imitando a las guerrillas.

“Las masacres están abolidas”, aseguran. “Exigimos respeto a la población civil, no está permitido maltratarlos”. Y es cierto que cambiaron las matanzas brutales, como estrategia de conquista territorial, por los asesinatos selectivos. Aunque no lo itan, perdieron el poderío y la estructura criminal de antaño y ahora deben moverse con pies de plomo.

“Sapo, violador, cuatrero” se mueren, advierten, y por “sapo” incluyen a cualquiera que los denuncie. Exigen “lealtad a la comunidad”, es decir, ley del silencio. “Si denuncian, lo sabemos enseguida”, amenazan. Razón no les falta, la corrupción es su mejor aliada. Y para justificar sus crímenes y demostrar que ahora son distintos, señalan que “podemos matar sin investigar, pero no lo hacemos. Los llamamos antes (a sus denunciantes, por ejemplo) y castigamos a los que traen una mala información. Hay gente que se nos acerca a pedirnos que matemos a tal persona. En ese jueguito no caemos”, cuentan.

En el transcurso de la entrevista, el verbo ‘matar’ sale a flote con frecuencia. Matar siempre fue y es su mejor arma de convencimiento, su poder intimidatorio, su rutina. Pero comprendieron que la población civil no les teme tanto como antes, y con celulares y personas dispuestas a mandar a las autoridades una foto, una pista anónima para que los atrapen, no pueden asesinar a mansalva. De acuerdo, “nos hacen caso por las armas”, reconoce uno, para agregar enseguida: “Y por los ideales. Nuestro objetivo es conseguir igualdad de derechos, equidad social, educación, salud. Comunistas no somos”.

Sobre la queja generalizada por las vacunas, respuesta habitual: “A nadie le gusta trabajar y pagar impuestos. Hacemos reuniones con las comunidades y explicamos que es un aporte para seguridad. Cuando a las personas se les pierde una vaca, no van al Ejército, acuden a nosotros”, y aplican la justicia expedita, es decir, a bala.

Nosotros tenemos minas, explosivos, pero no queremos enfrentamientos con el Ejército ni el Eln para evitar ataques del Estado que produzcan desplazamientos”. En realidad, para evitar ser foco de atención estatal, no les conviene una confrontación larga; han detenido a más de cien de sus integrantes, aunque vuelven y reclutan. Su intención es manejar sus negocios sin interferencias, de ahí que quien quiera hacer política y ejercer liderazgo social deba mirar para otro lado, ignorar su presencia y, si los requieren, cumplir sus mandatos. O los sacan del camino. De una. ¿Eso es paz? (Crónica completa en mis redes sociales.)