¿Es realmente inconveniente que un derecho básico sea un negocio?

A la espera de lo que harán los demás jugadores, el Gobierno acaba de destapar su más controversial mano de póquer: la reforma de la salud. ¿Escalera flor o bluff? Al respecto, se ha dicho de todo. O casi de todo porque de la discusión ha estado ausente la pregunta primogénita: ¿es realmente inconveniente que un derecho básico sea un negocio?

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Desde un extremo de la mesa de póquer, unos responden negativamente alegando que no solo es legítimo sino, además, conveniente que los derechos sean objeto del viejo arte del comercio. Quienes comulgan con esta visión se apoyan en el laissez-faire de Smith y el utilitarismo de Bentham, en tanto que prefieren hacer uso de la codicia humana en lugar de declararle la guerra. Insisten en que en la medida en la que un derecho fundamental sea lucrativo, habrá siempre alguien interesado en garantizarlo. Es decir, si un derecho se convierte en demanda motiva así la llegada de una oferta para satisfacerlo. Más aún, afirman que los recursos a los que tiene la prestación de un derecho fundamental se incrementan toda vez que este sea fuente de plusvalía. Por último, se dice, desde esta orilla, que se favorece la calidad, en tanto que los ciudadanos tienen la posibilidad de amenazar con empacar las maletas y acudir al competidor. Por supuesto, esta condición solo se cumple en contextos donde no imperan monopolios, una amenaza ostensible si la liquidación de las EPS sigue al ritmo que va.

Mientras tanto, desde el extremo contrario de la mesa, donde circulan las ideas de Lasalle, Beatrice Webb y Keynes, se alega que los derechos no pueden ser sometidos a la ley del mercado en tanto que a los ciudadanos les es imposible transformar sus demandas en ofertas si carecen de recursos. Se trata, mejor dicho, de demandas más parecidas a las súplicas. A la vez, los proponentes de esta postura insisten en que si un derecho fundamental es un negocio, este se ejecuta de acuerdo no a las necesidades de los ciudadanos, sino a la mayor generación de plusvalía. Como ejemplo, se cita el caso del sistema de salud colombiano, al cual se le dificulta la transición hacia un modelo preventivo toda vez que este es menos rentable. La prevención se trata precisamente de evitar que la atención, que también es la transacción, tenga lugar.

Por fortuna, no obstante, estas dos vertientes no son mutuamente excluyentes. Precisamente, una de las grandes virtudes de la alternancia del poder entre dos viejos enemigos, la izquierda y la derecha, es la capacidad de construir equilibrios entre el estado y el mercado. Al respecto, el primer gobierno de izquierda está ante una posibilidad sin precedentes de fortalecer el rol del Estado y hacerles frente a los problemas del actual sistema (e.g., la atención rural y la prevención), sin echar a perder las conquistas que se ha conseguido con la presencia del mercado (e.g., la cobertura).

Para tal fin, al Presidente no le queda de otra más que hacer concesiones y sucumbir a los consensos. Pero parece que esta vez le ganó la tozudez y se la jugó por el todo o nada. A sabiendas de que no cuenta con las mayorías ni legislativas ni populares, le apostó a la artimaña legislativa, al radicar la reforma como ley ordinaria en lugar de estatutaria. Bien sabe el mandatario que así el proyecto se ahorra las mayorías absolutas en favor de las simples, puede ser debatido en sesiones extraordinarias y se estrena en la Comisión VII en lugar de la I donde están más espinosas las mayorías. Por eso, si es que el proyecto sobrevive las olas del Congreso, lo más probable es que se hunda en la marea de la Corte Constitucional. El mandatario puso todas las fichas sobre la mesa y no tenía la mano para ganar la partida. Bien saben los jugadores de póquer más que los poetas que, a veces, el que le apuesta a todo se queda con nada.

SANTIAGO VARGAS ACEBEDO