Negociación del salario mínimo

El huracán del populismo salarial se ha venido alimentando de vientos tanto de derecha como de izquierda, y los más perjudicados continúan siendo aquellos que sus mandatarios dicen querer proteger: la población más pobre y con alta informalidad laboral.

En 2021, Duque se equivocó gravemente al ajustar el salario mínimo legal (s. m. l.) en 10 %, rebasando la fórmula universal que hubiera dictado un tope del 7 % al sumar la inflación de 5,6 % de 2020 y las ganancias en productividad laboral del orden del 1,4 %. Lo más patético fue ver al minhacienda y líderes empresariales vitoreando al Duque saliente, mientras desafiaban la inexorable regla de excesos de demanda alimentando la inflación. La inflación no solo ha diluido el poder adquisitivo real, sino que presionó la informalidad (60 %) y el desempleo (11 %).

La demanda agregada ha venido creciendo al 10 % anual, frente a una potencial de 3 %. Se le había advertido a Duque que el recalentamiento macro combinado con un excesivo reajuste salarial induciría marcadas alzas en las tasas de interés. Y este escenario terminó agravándose con el conflicto Ucrania-Rusia, llevándonos a una persistente inflación del 12 % anual (con corte de octubre).

Con tasa repo al 11 %, las de captación al 15 % y las activas al +20 %, mientras que usura se asoma al 36 %, se viene un periodo de tensión financiera. Ello bien podría ser pasajero y manejable si el Banco de la República (BR) logra bajar la inflación del 12 % en 2022 hacia 6 % en 2023. El problema es que este esfuerzo de enfriamiento monetario temporal resultaría derrotado si la istración Petro repitiera errores de Duque en la fijación del s. m. l.

Las centrales obreras seguramente llegarán con peticiones del 15 % en s. m. l. y hasta pisos del 20 %, si repasan la campaña petrista, que ofrecía “regalar” unas ganancias de 8 % en poder adquisitivo. Ese sería otro gravísimo error macroeconómico debido a repercusiones sobre la espiral inflacionaria, tras el 6 % en 2021 y el 12 % en 2022. Es urgente regresar a una inflación tope del 6 % en 2023, y esas presiones de costos salariales harían esta tarea muy difícil, al tiempo que se elevaría nuestro riesgo como país.

En efecto, la relación s. m. l. a salario medio en Colombia ha promediado el 75 %, durante 2000-2021, frente al 60 % de los años 80. La evidencia empírica indica que arriba del umbral del 60 % se sacrifican numerosos puestos de trabajo formal y se agrava el desempleo estructural, que en Colombia ha sido de dos dígitos en las últimas décadas. Más aún, como en Colombia un 65 % de empleos formales ganan un s. m. l., esas alzas en relación s. m. l. a salario medio agravan la informalidad.

Europa ha trazado una ‘línea roja’ para no superar el 60 % en dicha relación salarial, pues saben que la puja redistributiva termina incrementando el desempleo. Y eso que allí solo 15 % de empleos están afectados por s. m. l. En Alemania se manejan s. m. l. nacional y regional, buscando equilibrar sus impactos laborales.

La Misión de Empleo II (2022) había encontrado altas cargas contributivas empresariales (52 %), que debían continuar reduciéndose para mejorar la formalización. Pero esto requiere un esfuerzo tributario adicional del 1 % del PIB en solo ese frente y Petro ya anunció que los de esta reforma irán a otros subsidios.

Actualmente, las firmas pequeñas eluden estas pesadas cargas no salariales del 52 % (antes de la Ley 1607 de 2012 eran 63 %). Y los excesivos costos explican el desempleo estructural de dos dígitos y la ‘economía del rebusque’ de bajísima productividad. Solo un 25 % de aportantes a la Pila lo hacen en 12 meses.

Ojalá la istración Petro sea consciente de estos desafíos laborales, inflacionarios y de estabilidad macrofinanciera, donde la fijación del s. m. l. es pieza crucial del equilibrio macroeconómico. Mientras más cerca del 12 % esté el reajuste del s. m. l. en 2023, mayor será la probabilidad de que el BR pueda reversar parcialmente el apretón monetario que nos dejó innecesariamente la istración Duque.

SERGIO CLAVIJO

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