Tatequieto al hipercentralismo

Con un arsenal de documentos técnicos elaborados por expertos macroeconomistas que hablaban sobre la salud fiscal del Estado colombiano, se le puso un freno en el gobierno Santos a la descentralización que aumentaba el hipercentralismo.

Dijeron entonces que despojar de esos recursos a las regiones tenía un propósito superior de Estado, y mordimos un anzuelo envenenado que nos puso a marchar en contravía del espíritu de la Constitución de 1991 y de la esencia de un país de regiones. La tecnocracia centralista ganó el pulso en ese momento y luego la misma tecnocracia fracasó en el cumplimiento de sus compromisos.

El principal resultado de ese despojo a las regiones es el crecimiento desbordado de un Estado central burocratizado, clientelista, ineficaz y depredador de los recursos públicos que multiplicó las instituciones inservibles y por esa vía los costos de la burocracia, las inequidades regionales y la politiquería clientelar del Gobierno central.

Baste mirar los costos de todas las nuevas agencias, unidades y entidades derivadas del proceso de paz o la delirante arquitectura del ineficaz Ministerio de la Equidad, cuya nómina se paga exprimiendo a los contribuyentes.

Muchos de quienes hoy se llenan de adjetivos tardíos para oponerse a la reforma que está a punto de aprobarse en el Congreso guardaron pusilánime silencio ante la pupitreada de una sucesión de reformas tributarias incapaces de exigir en contraprestación al esfuerzo tributario de los colombianos compromisos serios en la lucha por la austeridad y acciones concretas para enfrentar la corrupción.

El pestilente escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo es el compendio de todas las infamias. Una bolsa multimillonaria diseñada para que se la robaran los hampones de turno nombrados por el Gobierno central, protegidos por el Gobierno central y financiados por el Gobierno central a través del Ministerio de Hacienda en contubernio con el Ministerio del Interior.

La aprobación de esa reforma parece no tener reversa, pues, como expliqué en una columna escrita hace varias semanas, para el remate de esta aprobación, los debates serán presididos por un hombre que está 100 % comprometido con los departamentos, pues el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, es alfil reconocido del presidente de la Federación de Departamentos, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

Así son las cosas. Sin embargo, la falta de una línea clara del gobierno Petro, la bipolaridad entre lo que dice Juan Fernando Cristo y lo que calla Ricardo Bonilla, la reiterada falta de rigor y claridad de los conceptos del Minhacienda sobre el impacto fiscal de este proyecto ante el Congreso están a punto de convertir la oportunidad de tramitar constructivamente una rectificación necesaria para impulsar las regiones de Colombia en una bomba fiscal.

Ni siquiera fueron capaces de preparar una hoja de ruta para identificar cuáles competencias han de asumir las entidades territoriales y de cuáles se debe despojar el Estado central. Tampoco está el mapa de entidades que deben desaparecer, las que se deben transformar y las que se deben fusionar. Y ni hablar de la hoja de ruta para blindar los recursos ante la corrupción regional, que es tan depredadora y perversa como la corrupción central.

Dicho en resumen. Yo creo que el proyecto es necesario, pero hay que ajustar los porcentajes, aumentar los plazos de transición hasta llegar al monto que finalmente se acuerde y acompañarlo con la aprobación de una serie de compromisos como los que he mencionado. El Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación no pueden escurrir el bulto y deben estar a la altura de una discusión tan delicada. Si se hacen los ajustes requeridos y se aprueba algo sensato, haremos justicia con las regiones y podremos transitar hacia un mejor país. De lo contrario, marcharemos hacia el abismo. Que prime la sensatez.

JUAN LOZANO

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