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Opinión

Un reto mayor para la seguridad del país

La desarticulación de los comandos conjuntos y las fuerzas de tareas conjuntas no se sintoniza con las amenazas que enfrenta Colombia.

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En la Resolución 4760 del 1.° de noviembre de 2024, el Ministerio de Defensa Nacional anunció una reorganización en la estructura de las Fuerzas Militares de Colombia, en la cual específicamente se suprimen las fuerzas de tareas conjuntas 'Omega', 'Titán', 'Hércules', 'Marte', y 'Quirón'. Estas fuerzas articulan las acciones del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada de la República y la Policía Nacional de Colombia, con el objetivo de actuar contra los grupos criminales.
Además, se eliminan los comandos específicos del 'Caguán', del 'Oriente' y del 'Cauca', y se modifican los comandos conjuntos 1, 2, 3, 4 y 5, los cuales han tenido el objetivo de llevar a cabo operaciones en diferentes regiones del país con incidencia de actores ilegales y alta criminalidad. Esto es un retroceso para la seguridad del país, la institución militar y policial y un factor positivo para los grupos criminales y su operacionalidad en el territorio, por lo siguiente:
Primero, se debe tener presente ante el contexto colombiano y la atomización del conflicto armado interno, que las acciones combinadas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada han sido el avance hacia una actuación y trabajo conjunto, remediando la descoordinación estratégica, operativa y de inteligencia que se tenía cuando estas tres fuerzas operaban individualmente.
Segundo, la creación de los comandos conjuntos y las fuerzas de tareas conjuntas fue un acierto de la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe, lo cual permitió mejorar la planeación y ejecución operacional. Por ejemplo, ante el escenario geográfico complejo del país, el aspecto aéreo y marítimo facilitó el y la comunicación para lograr los objetivos de Estado en el marco de una política de defensa y seguridad clara, por primera vez en el país.
Este tipo de cambios generan mayor incertidumbre y dejan un reto mayor para el presente y el futuro de la seguridad del país.
Tercero, el problema colombiano y las causas de criminalidad requieren una mejor propuesta para atender la expansión de los grupos armados organizados (GAO) en el territorio colombiano, que es del 36 % en 2024, según lo documenta la Policía Nacional. Justamente donde han operado los comandos y las acciones conjuntas como Antioquia, Nariño, Cauca, Arauca, Chocó, Casanare, Putumayo, Caquetá, son zonas de alto impacto de los criminales y de sus acciones delictivas locales y de incidencia transnacional.
Cuarto, Colombia ha sido un país débil militarmente hasta épocas muy recientes, como lo indicó el historiador Malcom Deas, y este cambio redunda en esto, además, significa para la defensa y seguridad del país un retroceso también desde la perspectiva de liderazgo político al sector militar y policial, porque no se sintoniza con los retos y amenazas que tiene Colombia, como es el caso del incremento de cultivos de hoja de coca, que según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) llegó a 253.000 hectáreas (incremento del 10 %, respecto al anterior informe) y el aumento en la criminalidad (según el informe de la iniciativa global del crimen organizado).
Quinto, la estrategia de defensa y actuar de la fuerza pública es susceptible de mejoras, pero en este caso no se evidencia un plan que permita dar cuenta de una perspectiva actualizada y moderna para confrontar los avances que han tenido en el actuar las diferentes estructuras criminales, las cuales tienen cada vez mayor capacidad logística y de movimiento en el territorio, uso de tecnología, apoyo del crimen internacional, actuar terrorista, incremento de sus economías ilícitas y opción de confrontación armada al Estado. Por lo tanto, se debe fortalecer el actuar integral y conjunto de las fuerzas y la Policía, y no desarticularlo.
Sexto, el conflicto armado interno colombiano requiere de unas Fuerzas Militares y de Policía posicionadas hacia la ofensiva, proactivas en las operaciones y con mayor movilidad. Además, que tengan claridad desde el sector político en cuanto a su actuar y sus objetivos, que son los mismos que los del Estado. Esto acompañado de un modelo integral político, donde la estrategia sea multidimensional (social, económica, de salud, educación, etc.).
Por último, ante lo que ha sido el actuar de este gobierno en el marco de la ‘paz total’, las negociaciones fallidas con los grupos criminales y el escenario de desconexión de parte del liderazgo de Presidencia y Ministerio de Defensa con las instituciones militares y policiales, este tipo de cambios generan mayor incertidumbre y dejan un reto mayor para el presente y el futuro de la seguridad del país.

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