Una función desfigurada

Aunque el sistema político colombiano no es parlamentario sino presidencial, se suele usar la denominación “parlamento” cuando se alude a los órganos legislativos, y a sus se les llama parlamentarios. En nuestro ordenamiento, lo indicado sería referirse a Congreso y a congresistas.

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Ahora bien, yendo al origen de la institución, no podemos olvidar que un parlamento se entiende como la sede y la entidad en la cual, para tomar decisiones y, en especial, para legislar, sus integrantes tienen que hablar –“parler”, según la expresión sa, o “parlare” en italiano–, pues las leyes son el resultado del razonable intercambio de ideas y argumentos. La votación es indispensable para establecer, solo después de “parlar”, cuál es la decisión mayoritaria del cuerpo correspondiente. Eso es lo democrático.

Las normas de mayor jerarquía, dentro del orden jurídico que rige la vida en sociedad, ya no rigen por la voluntad omnímoda de un faraón, un rey o un príncipe. Provienen de la voluntad del pueblo, titular de la soberanía, y, en un Estado democrático, los parlamentarios o congresistas son sus representantes. Han de discutir y resolver –previa deliberación– sobre los asuntos de su competencia, en representación del pueblo, en procura del interés popular, no en busca de beneficios particulares, individuales, familiares o de grupo, ni en beneficio de sus patrocinadores o de quienes brindaron apoyo económico a una campaña.

En Colombia, como lo estipula el artículo 114 de la Constitución, el objeto de las atribuciones asignadas a las cámaras, en virtud de la aludida representación, radica en tres funciones trascendentales que justifican su existencia: la competencia de reforma constitucional –mediante actos legislativos–, la expedición de las leyes y el ejercicio del control político sobre el Gobierno y la istración.

En eso, ni más ni menos, reside el papel del Congreso, que debe cumplir, en los términos y según las reglas constitucionales, con independencia, seriedad y responsabilidad.

En cuanto a normas, para la expedición de las leyes y de los actos reformatorios, las disposiciones constitucionales prevén los debates en las comisiones y en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. Cuatro para las leyes, ocho para modificar la Constitución.

Todo indica que estos elementales conceptos se han venido desdibujando y, en los últimos años –especialmente en el actual período–, se han hecho demasiado frecuentes los comportamientos ajenos al indicado papel del Congreso, de sus comisiones y cámaras. Aunque, desde luego, no se puede generalizar, ya que varios congresistas se distinguen por su respetabilidad y coherencia y por el cumplimiento de sus deberes constitucionales, muchos otros parecen haber perdido el norte y la percepción acerca de su papel, de su función y de sus responsabilidades fundamentales.

Así, por ejemplo, es deplorable observar cómo se recurre al boicot de la actividad legislativa, haciendo imposibles las sesiones y los debates mediante premeditadas rupturas del quorum; presentación de cientos de proposiciones, sin que importe su contenido, solamente para hacer interminables las sesiones; formulación de impedimentos carentes de fundamento; arbitrario levantamiento de sesiones; indebida postergación de debates de control político; gritos, algarabía, faltas de respeto y hasta insultos a las mesas directivas.

Para algunos, los debates no se dan en los recintos del Congreso ni en el curso de sesiones formales, sino en las redes sociales.

En vez de legislar, se ha llegado a incurrir en actos desobligantes y arbitrarios como el que tuvo lugar cuando un representante a la Cámara resolvió arrojar a la basura las botas que simbolizaban el dolor de las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Hacen mucha falta los brillantes debates de otra época y el respeto a los demás, sin perjuicio de las discrepancias. Y, sobre todo, se ha perdido de vista la genuina función de los representantes del pueblo.