Vientos de impunidad en Colombia

El nuevo objetivo del ‘bullying’ del Gobierno es la JEP, jurisdicción que le gustaba al Pacto Histórico cuando hablaba de ‘falsos positivos’, pero que ahora, cuando se enredó la isión de Mancuso y se vienen las primeras condenas a las Farc por reclutamiento forzado, secuestros y masacres, ya no le parece buena y quiere acabarla.

El Pacto Histórico usó la cifra de la JEP de 6.402 ‘falsos positivos’ para impulsar el estallido social. Llenaron las calles con pancartas alusivas a esa cifra y de la famosa frase ‘quién dio la orden’. Ahora en el poder, cuando la JEP ha demostrado independencia quieren acabarla y proponer una ley de punto final que le dé la maniobrabilidad para cumplir el pacto de La Picota y asegurar la financiación y poder militar del narcotráfico para la próxima campaña. Muchos delincuentes que se ilusionaron con un discurso de segundas oportunidades quieren legalizar sus fortunas.

La estrategia lleva meses, desde que el excanciller Álvaro Leyva empezó a decir ante la ONU que se descarriló la JEP. Pensaban que iban a utilizarla para vender impunidad y cuando sus magistrados se opusieron decidieron acabarla para proponer una ley de punto final que desconoce a las víctimas. Lo que más tiene ansioso al Gobierno es la situación jurídica de Mancuso, quien era clave en su estrategia de impunidad y que pese a los titulares no fue realmente itido por la JEP por dos problemas claros:

El primero y más complejo es que en principio la JEP no tiene competencia para juzgar a Mancuso. No cualquier persona que haya cometido crímenes puede acudir a la JEP. Únicamente lo pueden hacer tres grupos de personas: 1) quienes hayan hecho parte de un grupo al margen de la ley que haya suscrito un acuerdo de paz con el Estado, 2) quien haya sido miembro de la Fuerza Pública y 3) los terceros y funcionarios que se sometan voluntariamente ante la JEP. La primera hipótesis fue descartada por la JEP diciendo que la negociación suscrita con los paramilitares no fue un acuerdo de paz. La segunda, obviamente, no se cumple y, la tercera, sería absurda pues no fue tercero, sino parte del conflicto. Para itir parcialmente a Mancuso, la JEP creó la tesis de la bisagra, que consiste en señalar que actuó como un agente del Estado, pero no lo hace por todos los hechos, sino solo por los que no tiene Justicia y Paz, lo que tiene enfurecido a Mancuso y al presidente Petro.

El segundo problema es que a Mancuso ya lo ha juzgado otra justicia especial que es Justicia y Paz. Por eso, para que la JEP juzgue a Mancuso tendría que pasarle por encima a Justicia y Paz y eso es impresentable. Por ello, la JEP no itió realmente a Mancuso y limitó su participación a hechos que no hubieran sido juzgados en Justicia y Paz, decisión que no les gustó al exparamilitar ni al Gobierno, que está furioso con la JEP porque Salvatore es su punta de lanza para las elecciones de 2026. Solo por eso lo nombró gestor de paz, cosa absurda frente a un hombre que ya no conoce a nadie porque lo extraditaron hace 16 años.

Con estas actitudes, los más afectados son las víctimas, que ya están conociendo la verdad en la JEP, y los propios excombatientes, que ya no saben quién puede ser su juez. Una ley de punto final es una vergüenza internacional. Cuando muchos decían que el expresidente Iván Duque iba a hacer trizas la JEP, su principal enemigo terminó siendo el presidente Petro, quien está sembrando vientos de impunidad en Colombia.

P. D. Pasamos de la tecnocracia y la meritocracia al activismo, y las justificaciones generan incertidumbre; nadie permitiría que lo operara un tuitero en vez de un médico.

LUIS FELIPE HENAO

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