Periodismo y liderazgo social

Que no se pueda decir y que no se sepa, dos de las premisas del oscurantismo, el totalitarismo y de todas las formas de autoritarismo, represión, censura y corrupción, fueron la constante durante la mayor parte de la historia de la humanidad, y solo hace apenas 200 años largos regímenes de derecho y democracias les pusieron coto mediante el establecimiento constitucional de garantías y derechos como la libertad de prensa, de expresión y el derecho a la información.

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Y hace 200 años largos, estos derechos se han defendido con sangre frente a los muchos proyectos políticos que los han querido limitar, distorsionar o eliminar, como lastimosamente ocurre hoy con fuerza en numerosos países, incluido el nuestro.

Terminamos el 2021 en Colombia con la eliminación de una norma legal en el proceso de conciliación del texto del proyecto de ley anticorrupción del Gobierno, que pretendía menoscabarlos; así de sencillo; en palabras de uno de los intervinientes en el debate, a la prensa hay que ponerle límites. La pregunta es: ¿por qué?

En esta ocasión, y ante la intensa gestión adelantada para llamar la atención sobre la inconveniencia de esta iniciativa y las reacciones valientes, contundentes y seriamente sustentadas de algunos medios y periodistas, primaron las garantías constitucionales vigentes y el talante democrático.

Sin embargo, y como parte de la defensa de estos derechos, que son, además, privilegios y entrañan serias obligaciones, resulta conveniente y necesario hacer un examen sincero y con espíritu autocrítico para identificar los campos de mejora que se les exigen al oficio periodístico y a la labor de los medios de información.

La democracia colombiana clama por información transparente; en su origen y motivación; en su investigación, verificación y presentación. Los colombianos deben poder confiar en las agendas editoriales de medios que trabajen para hacer buen periodismo, entendido no como el que le guste o favorezca a alguien, sino como aquel que presente con claridad hechos de interés que corresponden a la verdad y que consulten diferentes ángulos y aproximaciones para facilitar su análisis y posibles y libres conclusiones.

La libertad de expresión cobija la militancia y el activismo, sea político o ideológico, y en la construcción de comunicación de esta índole es natural que trabajen expertos en la materia como son los periodistas; pero no deben confundirse ni hacerse pasar estas estrategias comunicativas por proyectos periodísticos informativos; tampoco se valen agendas e intereses ocultos; como tampoco deben confundir sus ideologías, compromisos y emociones personales los periodistas que trabajen en empresas periodísticas; todo esto mina la credibilidad.

Y el principal activo de un verdadero proyecto periodístico es la credibilidad. Por tal razón no puede ponerse en riesgo, mucho menos cuando este riesgo pone en entredicho la credibilidad de la prensa en general, como hábilmente lo capitalizan los enemigos de la verdad en su intento por silenciar para que no se diga y no se sepa.

Lo que pasó en el Congreso con la mencionada norma, que esta vez no pasó, es una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando se dan las condiciones para manipular y justificar la imposición de límites a la libertad de prensa, lo cual jamás va a favorecer a la ciudadanía ni la construcción de un país democrático y transparente.

Debemos acudir así a la inteligencia y a la nobleza de quienes encarnan la vocación periodística y de los medios que la favorecen, para que mantengan la mayor exigencia en el desempeño de su misión. Solo así podremos legitimar la defensa de estos derechos y exigir garantías para su ejercicio en un mundo que demanda esta impostergable forma de liderazgo social.

WERNER ZITZMANN

* Director ejecutivo de Ami (Asociación Colombiana de Medios de Información)