Ante la tempestad

Ante los hechos de los últimos días es necesario reiterar que el camino para el país no puede ser otro que el del respeto por las vías institucionales y la búsqueda de lo que nos une en medio de las diferencias. Preocupan los puntos de vista expresados, incluido el del propio presidente Gustavo Petro, que sugieren desconocer decisiones de los entes de control e invitan a salir a las calles para presionar procesos de toma de decisiones que tienen unos pasos y unos tiempos debidamente regulados por la ley.

Ante tantos desafíos que hoy enfrenta nuestra nación, lo responsable de cara a las nuevas generaciones es dejar testimonio de que en momentos de tensión primó el apego a las instituciones. Quienes tienen sobre sus hombros grandes responsabilidades propias del cargo que ejercen deben, hoy más que nunca, respetar las decisiones y el papel que cada institución desempeña en el engranaje del Estado de derecho.

No es acertada la manera como el Presidente ha asumido las decisiones de la Procuraduría con respecto a su ministro de Relaciones Exteriores –una suspensión preventiva mientras se define su responsabilidad en el caso de los pasaportes–, la investigación en contra de directivos de su campaña, que busca aclarar los detalles e implicaciones de una donación de Fecode y de cara a cómo la Corte Suprema de Justicia cumple su deber de elegir la sucesión del fiscal general, Francisco Barbosa.

Es verdad, y de eso se trata nuestro diseño institucional, que quienes ostentan los cargos de procuradora y fiscal, así como sus subalternos, pueden ser objeto de críticas. Su gestión está sometida –y qué bueno que así sea–, a permanente escrutinio. Pero una cosa muy diferente es abrir la puerta al desconocimiento de las decisiones y actuaciones de las instituciones. El primer mandatario debe acatar y cumplir sin demora lo que disponen los poderes que hacen parte del sistema de frenos y contrapesos. En este sentido, está en mora de nombrar al sustituto de Álvaro Leyva para los tres meses que dura la suspensión preventiva que le impuso la Procuraduría. Debe atender las múltiples voces, y no necesariamente de sus críticos, que así se lo señalan.

Y es que estamos ante una serie de hechos ciertos: las investigaciones están relacionadas con actuaciones públicamente conocidas y que deben ser debidamente aclaradas. En el caso puntual de los 500 millones de pesos de Fecode es necesario que se surta todo el proceso, con el debido derecho a la defensa, para que se determine si se violaron o no normas de financiación electoral. En todo caso, es llamativo que la organización que convoca las marchas para presionar a la Corte para que elija fiscal general sea, precisamente, la que está enredada en una investigación judicial de la Fiscalía que, como todas, debe finalmente decantarse sin miramientos diferentes a los que están en la ley.

El momento es delicado y no se puede desbordar. Por el bien del país, la ponderación y la sensatez deben imperar. Todos los actores involucrados deben imprimirles prudencia a sus declaraciones públicas. Todos, empezando por el jefe del Estado, deben reencauzar sus pronunciamientos en defensa de los caminos constitucionales previstos para resolver las tempestades de la historia. Es la hora de reivindicar lo que nos sostiene como democracia.

EDITORIAL