El vil asesinato del parapentista Jorge Iván González en el barrio Las Brisas de Tuluá, sitio donde se vio obligado a aterrizar cuando desplegaba una pancarta a favor del aspirante a la alcaldía Gustavo Vélez, es una señal más de que algo muy serio viene ocurriendo en este municipio.
Para que no haya dudas sobre el asedio del crimen organizado a la ciudad “corazón del Valle”, se puede decir que horas después del hecho, que fue reivindicado en un infame comunicado por la banda criminal conocida como ‘la Oficina de Tuluá’, se conoció que esta misma banda tenía infiltrada la Secretaría de Movilidad del municipio. Ayer, la noticia fue un tiroteo en un taller de mecánica que dejó dos muertos y un herido.
Aquí hay que añadir lo que sucedió con los medios de comunicación, sometidos a un silencio forzoso por las amenazas que han recaído sobre quienes han denunciado, entre otros, el nivel que ha alcanzado el azote de la extorsión en el municipio, los llamados carteles, uno por cada alimento, según se dice en voz baja. Recientemente, un comunicado conjunto de la Flip y de Reporteros sin fronteras denunció esta situación. Y fue el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia quien el mes pasado lanzó un llamado para proteger a los jueces que laboran en esa ciudad, luego de un ataque contra los juzgados.
Es grave lo que ocurre en este municipio. Es llamativo, cuando menos, que se trate de un centro urbano en pleno corazón de uno de los departamentos con indicadores más altos de desarrollo, en plena región Andina. Todo esto para decir que no se trata de un territorio en los márgenes, donde nunca ha llegado el Estado.
Hay que mirar con lupa el alcance de los tentáculos de estas organizaciones en la política y en el mismo Estado. Ojalá que en las próximas elecciones la ciudadanía tenga información suficiente a la mano sobre los aspirantes, para así dar el primer paso en una tarea que no da espera.
EDITORIAL