Consultar sin sacar partido

Una vez más, un anuncio sorpresivo del presidente Gustavo Petro sacudió la política nacional esta semana. El virtual hundimiento de la reforma laboral, propuesta y acuñada por su gobierno, en la Comisión Séptima del Senado llevó al mandatario a anunciar la convocatoria a una consulta popular y volver a llamar a la gente a la calle. Esto para que, en sus palabras, sea el pueblo quien se pronuncie sobre esa iniciativa, así como respecto a la reforma de la salud, también en trámite.

La reacción del mandatario dio a entender, de nuevo, que el Congreso se opone y bloquea tercamente su agenda. No es así y esto hay que dejarlo claro. Tal argumento del Presidente es peligroso, pues busca socavar la labor legislativa, nada menos. Los congresistas que están a favor de la ponencia negativa tienen motivos sólidos y técnicos, más allá de la postura que se asuma frente a ellos. No es una traición, una ruptura o un bloqueo. Es que el Congreso ejerce su deber constitucional. Y si bien esta reforma tiene aspectos positivos, como incluir beneficios que son justos para varios sectores de los trabajadores, también es verdad –como se ha dicho aquí– que en el global termina beneficiando únicamente a una minoría privilegiada que cuenta con un contrato laboral formal y constituye un riesgo considerable de que la informalidad laboral, que es grande, aumente más.

Así pues, reiteramos, el Presidente se equivoca al reducir lo ocurrido a un bloqueo o boicot de los parlamentarios a sus proyectos, además del peligro que entraña enviar el mensaje de que para tomar decisiones trascendentales hay que saltarse al Congreso. Eso es altamente riesgoso. Vale recodar que otra fue la postura presidencial tras la aprobación de las reformas tributaria y pensional y cuando la Cámara de Representantes recientemente dio vía libre a la reforma de la salud. La opinión se desconcierta cuando queda en evidencia la forma como funciona un rasero, al parecer doble, del mandatario. Porque este llena de halagos a los parlamentarios cuando votan a favor de sus iniciativas, para después recurrir a inaceptables señalamientos si estos, en el claro desempeño de su labor por cuenta de los votos de millones de colombianos que los eligieron, no dan vía libre a otros proyectos de su agenda.

La consulta popular es, en todo caso, un mecanismo legítimo. Aun así, su análisis y su trámite requieren un principio de realidad. Lo primero es tener presentes los tiempos y los filtros: el propio Senado y la Corte Constitucional. Después vendrá la necesidad de llevar a las urnas a unos 13’600.000 votantes para superar el umbral exigido, sin olvidar el costo económico, que es alto. Si el Ejecutivo insiste, debe hacerlo bajo el férreo compromiso de que acatará las reglas de juego vigentes. No hay otro camino.

Y lo más importante: es evidente la coincidencia temporal de esta iniciativa con la antesala de las elecciones del 2026 para Congreso y Presidencia. Flaco favor le haría el Gobierno al instrumento de participación popular si lo utiliza como punta de lanza de una campaña electoral y para sacar partido a favor de sus candidatos. Quedaría así completamente desvirtuada la herramienta al utilizarla para acentuar la polarización y la división. Por lo pronto, convocar un día cívico para fomentar una marcha a favor del Gobierno con la excusa de la consulta es un perfecto ejemplo de un uso inadecuado de la figura.

Hay que insistir en que la fórmula de apelar a las urnas en ningún momento puede terminar en una sustitución del Congreso, cuerpo colegiado que en el marco de nuestra democracia representativa fue votado por la gente para representar sus intereses. Lo anterior implica, entre otros, la imposibilidad de hacer preguntas sobre articulados de proyectos, tal y como lo han afirmado expertos juristas y exmagistrados de la Corte Constitucional. El texto de la o las preguntas está obligado a ser claro. Que dé pie a una respuesta de Sí o No de la cual surja un mandato ciudadano, pero no puede, repetimos, reemplazar el proceso legislativo ni ponerse en función de una campaña electoral para beneficio de una persona o una colectividad. Da tranquilidad saber que, en cualquier escenario, el texto final tendrá que ser aprobado por el Senado y la Corte.

En suma, para evitar transitar por caminos tormentosos para la democracia, lo que procedería a estas alturas es insistir en buscar la concertación en el Congreso. Un proceso en el que, en cualquier caso, no puede haber lugar para el chantaje. Pero si finalmente el gobierno de Gustavo Petro dedica todas sus energías y su capital político para sacar adelante esta consulta, que lo haga entonces apegado a las reglas legales y democráticas, sin usarla como trampolín de su campaña electoral para el 2026 y sin convertirla en una apuesta por el caos y mayor división entre los colombianos. Al país no le convienen más fracturas.

EDITORIAL