Decisión sin presiones

Regresará este jueves la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia al sensible tema de la elección de fiscal general de la Nación. Los 23 magistrados reanudarán las votaciones, en las que hasta ahora ninguna de las ternadas ha conseguido la mayoría calificada (16 votos) que impone el reglamento de la alta corporación.

La elección del fiscal general es un proceso que debe garantizarle a la Nación la designación de la candidata de las más altas calidades. No solo frente a la idoneidad profesional y trayectoria de la elegida, sino en lo que respecta a su independencia y compromiso con la separación de poderes.

En ese sentido, y mucho más en medio del polarizado momento político que vive el país, es imperativo que en todos los sectores de la vida nacional, empezando por el Ejecutivo, se generen las condiciones para que la Corte Suprema cumpla su misión constitucional sin ruidos ni presiones de ninguna especie. Que es, precisamente, el escenario que no hemos tenido, en gran medida por los mensajes promovidos desde la Casa de Nariño a lo largo de los últimos meses y semanas.

A esto se suman los desafortunados y aún no explicados mensajes llegados desde la Secretaría de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desde la misma representación de Naciones Unidas en Colombia.

Como no había ocurrido en ocasiones anteriores, desde esas instancias se ha tratado de apurar a la Corte Suprema en su proceso, que según la carta de 1991 no tiene plazos diferentes a los que requieran los magistrados para llegar a consensos.

Pronunciamientos en los que no solo se echa de menos una mayor contundencia a la hora de condenar el acoso violento del que fue objeto el Palacio de Justicia hace dos semanas y la campaña de redes sociales en contra de los magistrados, sino también una objetiva lectura de la situación. Incluso, la CIDH llegó a hablar del incumplimiento de un cronograma de elección, supuestamente establecido por la misma Corte Suprema, en una interpretación cuando menos errática de la realidad, que no se corresponde, además, ni con las calidades del órgano ni con los sensibles hechos de los que se trataba el asunto. Lejos de ayudar a construir un clima de reflexión y de respeto a los procesos de la democracia, esos pronunciamientos terminan representando parcialidad y –hay que decirlo– precariedad en el análisis de una situación que resulta mucho más compleja, enmarcada en el siempre amenazado equilibrio de poderes.

Los magistrados de la Corte Suprema deberán determinar este jueves si tienen ya los suficientes elementos para proceder a votar y alcanzar la mayoría calificada. En ese escenario, la seleccionada entre Adriana Camargo, Amelia Pérez y Ángela Buitrago iniciará un camino en el que su único miramiento debe ser el logro de una mejor y verdadera justicia para Colombia.

Si no hay humo blanco, lo que corresponde es que esa decisión sea acatada por todos –incluidos los organismos internacionales–, con la clara certeza de que los tiempos que se tome la Corte –hay que recordar que en la sucesión de Mario Iguarán ese proceso se tomó 16 meses– hay que respetarlos, por más incomodidades que ese imperativo cause en un sector del poder político.

EDITORIAL