La minería ilegal

No obstante todas las alertas y los esfuerzos, que cada vez son mayores, de la Fuerza Pública, la justicia y las autoridades locales y nacionales, el cáncer de la minería ilegal y criminal sigue extendiéndose y dejando a su paso desérticas extensiones que son cada vez más frecuentes en selvas y páramos de todo el país.

Esa es la impresionante realidad expuesta en un reciente reportaje multimedia de este diario, que se adentró en varias de las zonas afectadas por este flagelo y en la realidad de las mafias –no solo los poderosos grupos armados, sino también las de los traficantes de mercurio y de grandes máquinas amarillas– que mueven el millonario negocio, que es una de las rentas ilícitas más disputadas.

Las imágenes captadas desde drones y helicópteros revelan el avance de los nuevos desiertos que deja a su paso la fiebre del oro. El nordeste antioqueño, las selvas del Chocó, Guainía y el Pacífico colombiano, y hasta los emblemáticos farallones de Cali, donde nace un 30 % del agua que se consume en esa capital, están sintiendo los rigores de la minería ilícita. En el sur de Bolívar, como lo reveló otro informe de EL TIEMPO, Eln y disidencias de las Farc dejaron de enfrentarse para combatir unidos al ‘clan del Golfo’ y hacerse con el control de los ricos yacimientos auríferos de la serranía de San Lucas. Los enfrentamientos dejan más de 2.000 personas desplazadas, cifra que va en aumento.

Con al menos 100.000 hectáreas destruidas o gravemente afectadas en todo el territorio, según informes oficiales, y un enorme daño al ecosistema de decenas de ríos, incluidos varios de la Orinoquia y la Amazonia, es claro que la minería ilegal constituye un enorme desafío para Colombia. Miles de personas obtienen por esta vía su sustento, y son ellos y sus familias utilizados muchas veces por los actores criminales para frenar las acciones de la Fuerza Pública o para presionar al Gobierno Nacional, como pasó en el primer trimestre del año con el paro minero en Antioquia, abiertamente impulsado por el ‘clan del Golfo’.

Según un reciente informe del Simci de Naciones Unidas, en cerca del 40 % de las áreas afectadas hay también sembradíos de coca. Son dos rentas ilícitas que representan el grueso de los ingresos de los mayores grupos generadores de violencia y por eso urge un gran esfuerzo de la Policía y la justicia para impedir el tráfico de peligrosos insumos –en este caso, el mercurio– y para golpear las finanzas de las mafias que blanquean el oro ilegal.

Entre enero y octubre del 2023, la Fuerza Pública ha capturado a 1.100 personas por su participación en la minería criminal e intervenido más de 3.100 sitios de explotación ilegal. La incautación de la maquinaria amarilla usada para tareas depredadoras llega a las 321 unidades, un 7 % más que el año pasado. Pero esa actividad avanza.

La construcción de una estrategia integral que logre, con alternativas sostenidas, sacar a miles de familias de este negocio ilícito y de las garras de las mafias es una tarea aún pendiente. Así como lograr, con el uso de la fuerza legítima del Estado y la justicia, cortar el flujo que cada año deja miles de millones de pesos en bolsillos de los mismos grupos armados que controlan el narcotráfico y otros delitos que ponen en riesgo la seguridad de todos los colombianos.

EDITORIAL