Hoy, Domingo de Resurrección, termina la temporada vacacional de los días santos, una de las más importantes del año, que fue marcada por la disrupción en el mercado aéreo colombiano. La suspensión de operaciones de las aerolíneas Viva y Ultra Air en menos de 30 días ha desatado graves consecuencias para cientos de miles de viajeros, hoteles y las economías de los principales destinos turísticos.
No obstante el despliegue de planes de contingencia en los aeropuertos, que incluyeron a otras aerolíneas como Avianca que atendió más de 100.000 pasajeros, los efectos de la actual crisis aérea nacional se seguirán experimentando mucho más allá de esta Semana Mayor. En primer lugar, dado que Viva y Ultra Air continuaron vendiendo tiquetes hasta el último momento, cientos de miles de s adquirieron servicios de transporte programados para los próximos meses que estas compañías no podrán cumplir.
Estas medidas de emergencia por la temporada no sustituyen las investigaciones que deben surtirse para establecer con claridad dónde recaen las responsabilidades empresariales y cuáles fueron las falencias regulatorias que desembocaron en la parálisis de una cuarta parte de la oferta nacional. Ni tampoco remplazan las definiciones gubernamentales para evitar que los más del millón de s pierdan el dinero ya entregado.
Esta crítica situación ha creado, desde los ciudadanos, una brecha de confianza que las autoridades nacionales, las entidades de vigilancia como la Superintendencia de Transporte, la Aeronáutica Civil y las aerolíneas deberán tratar de cerrar muy pronto. En especial, si las definiciones de hoy terminan encareciendo el costo de los tiquetes y convirtiendo de nuevo el viaje en avión en un lujo. Más allá de continuar en un juego de atribución de culpas, tanto el Ministerio de Transporte como los es de Viva y Ultra Air no pueden perder de vista que la prioridad es la protección de los derechos de los pasajeros.
Un segundo aspecto en que la crisis aérea continuará después de la Semana Santa compete a la reconfiguración del sector vía la integración entre Avianca y Viva. Los condicionamientos puestos por la Aeronáutica Civil para la aprobación de este proceso empresarial generaron apelaciones no solo de Avianca, sino también de otras aerolíneas como Latam, Wingo y JetSmart. En el corazón del pulso está la asignación de los turnos para despegue y aterrizaje, en especial en el aeropuerto El Dorado.
Este gobierno ha puesto sobre los hombros del sector turístico la ambiciosa meta de atraer más de 5,4 millones de viajeros este año y de sustituir los ingresos que generan los hidrocarburos
El reto para los reguladores aéreos está en lograr el mejor equilibrio posible entre la protección del mercado colombiano, en términos de competencia y de asegurar frecuencias, y la realidad económica del desplome de dos compañías con más del 26 por ciento de la oferta de sillas. A lo anterior se añade la celeridad con la que deben resolverse estas cuestiones para frenar el deterioro de las condiciones operativas de Viva y para delinear esa nueva configuración del sector aéreo. Estas soluciones rápidas por parte del Gobierno Nacional también deberían redundar en beneficios para los s, específicamente en oferta de sillas, frecuencias y costos.
Un tercer efecto de la actual crisis golpea en el resto de la cadena de viajes. Estimaciones de Corficolombiana, por ejemplo, muestran que, tras la caída de Viva y Ultra Air, el flujo de pasajeros nacional se contraerá este año en un 10,2 por ciento. Frente al sector de hoteles y turismo, la contracción en 2023 podría llegar al 2 por ciento, con un mayor impacto en destinos como Cartagena y San Andrés. De hecho, la ocupación hotelera, de acuerdo a Cotelco, caería en esta temporada vacacional en 9,4 puntos porcentuales frente al 2022, y en el caso del archipiélago, la reducción es de más de 48 puntos porcentuales, a tan solo el 25 por ciento.
Es evidente que estas preocupantes tendencias en el mercado aéreo, hoteles y agencias de viajes amenazan con afectar todo el año. El Gobierno Nacional debe anticiparse al choque social y económico que implica un desplome de esta naturaleza en el turismo de San Andrés. Igualmente, es momento de reconocer que la cadena de viajes y turismo necesita el apoyo tributario en el IVA reducido en los pasajes y demás servicios de la industria sin chimeneas.
No sobra recordar que la istración Petro ha puesto sobre los hombros del sector turístico la ambiciosa meta de atraer más de 5,4 millones de viajeros este año y de sustituir los ingresos que generan los hidrocarburos. Puede que en próximos días la emergencia aérea de la Semana Santa se supere con el retorno de miles de turistas; pero la crisis de la cadena de viajes y turismo, un sector fundamental en el empleo y la economía, es más profunda y se agravará si no se toman medidas estructurales y urgentes.
EDITORIAL