El Estado condenado

Que demandar al Estado es uno de los negocios más rentables en Colombia, nadie lo pone en duda. Un aparato público descuidado en el cumplimiento de sus deberes, y también –hay que decirlo– con agentes que en muchas ocasiones han obrado abiertamente en contra de los derechos de ciudadanos y empresas, se ve expuesto a múltiples reclamaciones. A lo anterior se agrega que este mismo aparato estatal fue, por décadas, más que flojo en su defensa jurídica. Lo anterior representa, desafortunadamente, para una gran cantidad de individuos, una abierta invitación a exigir dinero, siempre por sumas millonarias.

Esa es la razón de fondo por la cual la nación enfrenta casi 390.000 procesos con los que se pretende el pago de, ni más ni menos, 368 billones de pesos. Eso sin contar una polémica acción de grupo por desplazamiento forzado que pretende que las arcas públicas paguen una indemnización de 3.440 billones de pesos, unas cuatro veces el PIB.

Para bien de todos, esa situación ha venido enderezándose en los últimos ocho años por la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que no solo logró que finalmente todas las instancias del Estado llevaran un inventario depurado de las acciones jurídicas en su contra, sino que asumió un papel determinante frente a las más onerosas, como las de los afectados por las famosas ‘pirámides’ que pretendían que con la plata de todos se les retribuyera lo perdido en sus dudosas y riesgosas inversiones.

La nación pierde hoy menos demandas y empieza a defenderse a tiempo. Pero sigue dándose tiros en el pie. No solo con actuaciones descuidadas o ilegales de algunos funcionarios, sino con decisiones judiciales de dudosa ortografía, bien al definir si hay o no mérito para condenas o cuando se trata de ejecutar las jugosas indemnizaciones.

No tiene ningún sentido que algunos operadores judiciales apliquen para las condenas no canceladas tasas de interés comercial cuyo efecto, como lo reveló este diario, es que la deuda pendiente de 5,1 billones de pesos por reparaciones esté hoy en los 7,4 billones por mora. Tampoco, por supuesto, que los responsables a cargo no tomen las previsiones presupuestales necesarias para no dejar crecer indefinidamente semejantes culebras.

Que hay que ponerle torniquetes adicionales a esa vena rota es algo que no tiene discusión. Así más de uno crea que la plata sale de la billetera de papá Gobierno, la verdad es que esas erogaciones implican menos recursos para programas sociales o inversión pública, por lo cual se puede hablar de pérdidas colectivas. Son conocidas las dificultades fiscales actuales, que, además, se ven acentuadas por los dictámenes de los tribunales.

Debido a esa inquietante realidad, la istración actual de la Agencia de Defensa presentó un proyecto de ley para que se reglamente el artículo 90 de la Constitución Política, con el fin de atajar a los abogados que están desangrando las arcas públicas. También propone que los intereses de mora se calculen con el DTF, lo que tiene toda la lógica. Importantes pasos que deberían ser tenidos en cuenta por el nuevo gobierno, el cual hereda, como sus antecesores, la papa caliente de millonarios procesos y condenas.