El nuevo magistrado

Era comprensible la expectativa creada en torno a la elección del magistrado llamado a ocupar el lugar de Antonio José Lizarazo, próximo a cumplir su periodo en la Corte Constitucional, a partir de una terna conformada por el Consejo de Estado.

No hace falta ser un conocedor en profundidad de la realidad política del país para entender que en los tiempos que corren la tarea de este tribunal de garantizar la supremacía e integridad de la carta política ha adquirido especial y renovada relevancia. Si bien a lo largo de sus más de tres décadas de existencia esta corte ha sido referente y protagonista por sus pronunciamientos y jurisprudencia en muchos casos de vanguardia en materia de derechos individuales y colectivos, últimamente su rol como ente que hace contrapeso a los poderes Ejecutivo y Legislativo ha tomado mayor trascendencia. Es la llamada a ser guardiana férrea de la Constitución.

Es importante plantear todo este contexto para entender mejor la atención que suscitó este proceso en el que los reflectores estuvieron encima de un trámite que otrora generaba bastante menor atención. Esta vez hubo una esperada elección que en una primera instancia, el lunes pasado, dio lugar a un episodio vergonzoso para el Senado cuando en la contabilización de los votos apareció uno de más, superando el número de senadores. Incluso, después del conteo, que llevó a anular la votación de esa sesión, se denunció que fueron dos los sufragios adicionales. Este hecho despertó todo tipo de suspicacias que eran evitables y que pasaron factura a la imagen de la Cámara Alta. Es urgente que se establezca qué condujo a este escándalo; y de haber algún responsable, este debe rendir cuentas.

Así las cosas, con la polémica todavía fresca, 24 horas después tuvo lugar una segunda votación en la que se impuso el jurista Miguel Polo Rosero con 57 apoyos, buena parte de ellos de la bancada oficialista. Heredará él la silla de Lizarazo a partir de febrero del próximo año. Su triunfo fue posible gracias a que quienes respaldaron su aspiración, entre ellos el Ejecutivo a través del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, supieron tejer una filigrana política que desequilibró la balanza a su favor con siete nuevos votos. En adelante, la principal tarea de Polo, a quien no le faltan méritos en su hoja de vida para ocupar el cargo, y que conoce bien un tribunal donde se ha desempeñado en diferentes posiciones por cerca de una década, será diluir, con su proceder, los ruidos generados y demostrar estricto y sabio deber de ingratitud con sus electores. Su reto será precisamente el de sentar posiciones que reivindiquen su autonomía e independencia frente a un gobierno que ha propiciado varios desencuentros con las cortes.

En una coyuntura, como ya decíamos, en la que no faltan las iniciativas que hacen equilibrio por la raya que separa lo disruptivo de lo constitucional, urge que el alto tribunal y sus integrantes, todos sin excepción, mantengan la senda ya tantas veces reafirmada de defensa de la carta política. Un criterio que ha sido unánime, por suerte, en la Corte y que ha sabido ubicarse por encima de cualquier milimetría política. Sus primeras declaraciones, reafirmando su compromiso primordial con defender la Constitución, van en el camino adecuado, en la dirección correcta que espera el país.