Resulta simplemente aterrador saber que en Bogotá se denuncia cada diez horas un ataque con sustancias para fines delictivos y que en el país esta modalidad haya aumentado en 75 por ciento, en comparación con los reportes del año pasado, con el agravante de que la mayoría de ellos ni siquiera se conocen y cuando esto se logra, quedan en la impunidad.
Desafortunadamente, estos hechos parecen cobrar vigencia solo cuando hay desenlaces lamentables y mediáticos como el del médico Fabián Herrera, la semana pasada, bajo serios indicios de que fue víctima de un ataque con escopolamina en la popular zona T de la capital, y quien luego perdió la vida en circunstancias aún por esclarecer.
Este crimen parece estar lejos de ser un hecho aislado porque, según la Fiscalía General de la Nación, los atracos con tales sustancias denunciados entre el 1.º de enero y el 8 de junio suman 961, de los cuales 746 corresponden a las grandes urbes y 369 ocurrieron en Bogotá. Una tendencia creciente, pues en el mismo período del año pasado se registraron 807 robos con dicha modalidad.
Desde luego, preocupa que algunas de las víctimas dicen que cada vez que se captura un delincuente dedicado tan miserable ilícito, al poco tiempo es dejado en libertad. Esta es la razón para que tales actos proliferen. En Europa y Norteamérica estas fechorías son exóticas o inexistentes, porque el uso de sustancias con fines criminales es castigado con penas severas, incluso en los casos de mera tenencia.
El asunto empeora cuando se evidencia que las mismas autoridades muestran debilidades al identificar y clasificar de manera rigurosa las sustancias, productos y medicamentos de los que echan mano los antisociales para su peligrosa tarea.
Todo cae bajo la denominación genérica de delito bajo intoxicación de escopolamina, cuando este producto natural ha sido reemplazado en forma vertiginosa por fármacos más potentes y fáciles de conseguir, que a veces se dispensan sin receta en muchas farmacias.
Se trata de las benzodiacepinas, unas pastillas que, a pesar de que los hampones también utilizan para delinquir bajo sus efectos, el país sigue mirando con desdén y no como el grave problema que son.
Ya es hora de que todas las autoridades y la justicia en Colombia tomen en serio esta modalidad criminal y la ubiquen en su verdadera dimensión. No se justifica que de manera periódica y condicionada por hechos lamentables como el del médico Herrera, la situación se mediatice con revuelo y se exijan medidas que con el pasar de los días se diluyen sin respuesta, hasta que aparezca una nueva víctima fatal.
Tal como sucedió con el paseo millonario, los asaltos en los que se utilizan sustancias que doblegan la voluntad de las personas deben castigarse con penas rigurosas y sin ningún tipo de atenuantes, bajo la premisa de que todos estos delitos son potencialmente mortales.
Aquí no hay excusas; y menos dejar entrever el lamentable espectáculo de criminales puestos en libertad, lo cual desestimula a las víctimas para que denuncien porque terminan sintiéndose culpables por “estar en sitios, en compañías y en horas no adecuadas”. Algo simplemente absurdo.