Frente a la impunidad

La intervención del presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, en el marco del Primer Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria Penal, que tuvo lugar en Paipa en días pasados, reabrió el debate sobre la impunidad en la justicia colombiana.

Por un lado, las palabras de Chaverra volvieron a poner el dedo en la llaga al recordar que esta alcanza la escandalosa y triste cifra del 90 %. En sus palabras, esto se debe principalmente a deficiencias estructurales "de carácter cuantitativo" en los órganos del Poder Judicial. En la práctica, que no hay recursos para contar con el talento humano necesario para hacer más eficaz y eficiente la istración de justicia. La población ha crecido, y la cantidad de jueces y fiscales no lo ha hecho al mismo ritmo. El indicador del número de estos funcionarios por cada 100.000 habitantes ha disminuido. Hoy es de 12 y 8,8, respectivamente, mientras que hace diez años, según recordó Chaverra, era de 13,1 y 9,2.

Se suman a este factor otros como las limitaciones a la justicia premial, que a lo largo de los veinte años de vigencia del actual sistema acusatorio se han impuesto a través de distintas leyes. Estas, por diversos motivos, algunos fundados, impiden que los acusados lleguen a acuerdos con la Fiscalía.

No menos importante, y en este punto hay que hacer énfasis, es la "gran litigiosidad" que existe en la justicia. Aquí vuelve a asomar la opción válida de abrirle un mayor espacio a la justicia restaurativa como camino para reducir la impunidad.

Lo fundamental aquí es que con los recursos existentes se pueda avanzar de forma ordenada, y no a través de colchas de retazos, hacia una prestación de este servicio esencial que satisfaga en mayor medida las necesidades de la gente y le devuelva la confianza en la justicia. Para ello es importante tener un norte claro, apostarle decididamente a un paradigma o lograr una armonización de los que hay, que evite tumbos. Estamos ante la columna vertebral del Estado de derecho, y buena parte de la legitimidad de un Estado se juega en qué tan eficaz resulta para dirimir en derecho y con eficacia los conflictos de la convivencia. Con frecuencia los estudiosos del conflicto apuntan a lo aparatoso y, sobre todo, costoso que resulta el sistema judicial en lugares con presencia de actores armados, realidad que, por desgracia, impulsa a la gente a recurrir a los ilegales para resolver sus pleitos cotidianos.

La justicia necesita más recursos, quién lo duda. Pero también se requiere una gestión más eficiente de estos. Mayor capacidad técnica, acorde con los avances de la tecnología digital y la era de la inteligencia artificial, además de un blindaje contra el flagelo de las dilaciones y los aplazamientos que terminan en verdaderas burlas. Antes de la firma de la ley estatutaria de la Rama Judicial, que limitó las audiencias virtuales, muchos operadores de justicia proponían, con razón, llevar procesos de juzgados en extremo congestionados a otros de otras ciudades donde hay menor acumulación de casos. Soluciones de este tipo son las que se necesitan para avanzar hacia una justicia menos paquidérmica.

Varios componentes de la reforma de la justicia que acaba de radicarse apuntan en esa dirección. Es algo loable, siempre y cuando evite figuras y atajos que impliquen salirse de la hoja de ruta que traza la Constitución.