Al prolongar la emergencia sanitaria por dos meses más y al desescalar la obligatoriedad de las medidas no farmacológicas con las cuales se controla la expansión del covid-19, el Gobierno Nacional da un paso trascendental en el anhelado cambio de estatus de la pandemia a endemia, no solo a nivel local, sino que incluso abandera este proceso en la región.
A esto no se llegó de manera accidental. Es el resultado de muchos esfuerzos –y no pocos sufrimientos– que durante dos años fusionaron la voluntad de la población para cumplir unas disposiciones sanitarias que hoy se traducen en las cifras más bajas en términos de casos, hospitalizados y fallecidos por Sars-CoV-2 durante este tortuoso lapso, en el que lamentablemente el virus ha terminado con la vida de cerca de 140.000 colombianos y desajustó la existencia a nivel general.
Por eso hay que mirar con optimismo –sin perder de vista que el pernicioso virus llegó para quedarse– que en los espacios cerrados de aquellos municipios que cumplan con coberturas óptimas de vacunación se pueda, a partir del 1.º de mayo, conversar e interactuar sin tapabocas, en un contexto de tranquilidad que era esquivo hasta hace algunos meses, lo que también reta a las autoridades departamentales y municipales para que pisen el acelerador en términos de inmunizaciones y se sumen pronto a esos 78 municipios que ya pueden echar mano de esta posibilidad, a la que se agrega, por las mismas razones, la no exigencia del carné de vacunación al ingreso de lugares públicos, espectáculos y sitios de diversión.
Se trata de llegar a un punto en el que el actuar de la gente frente al virus esté determinado por el sentido común y no por las obligaciones.
Aunque las restricciones continúan en centros educativos –estos hasta el 15 de mayo–, instituciones de salud y transporte público, esto debe entenderse dentro de la lógica derivada de la evidencia que exige continuar con la protección en aquellos lugares en los que factores como la cercanía, el tiempo de o y la escasa ventilación pueden aumentar la circulación del virus y no como una limitación de las libertades, como se ha querido proyectar. En otras palabras, cualquier discusión en torno a estas excepciones debe fundamentarse en los principios técnicos que definen la ecuación riesgo-beneficio, lo que no impide que el tema se ponga sobre la mesa con responsabilidad y centrado en el bienestar colectivo.
Más allá de ello, es hora de tomar en serio las enseñanzas de la pandemia para que en conjunto (comunidad, autoridades, técnicos y científicos) se avance hacia una etapa en la que la convivencia y el bienestar individual y el general dependan del aporte solidario y de la responsabilidad de todos, y que el actuar frente a estos elementos esté determinado por el sentido común y no por las obligaciones refrendadas por normativas istrativas.
Por lo anterior, a partir del 1.º de mayo ojalá el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento –que también llegaron para quedarse– se relacionen con cada individuo, según su valoración de riesgo y la necesidad de protegerse sin ningún tipo de censura. Es decir que, de acuerdo con lo aprendido, cada quien acuda a estos elementos cuando lo considere, siempre pensando en su salud y la de los demás. Es lo menos que se puede hacer en una transición clara hacia esa normalidad que todos esperan no volver a perder.
EDITORIAL