La calidad y seguridad de todos los productos de consumo que llegan a los colombianos deben estar certificadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). En otras palabras, alimentos industriales, bebidas, licores, medicamentos, cosméticos e insumos médicos, entre otros, deben ser analizados dentro del más riguroso proceso técnico y legal para que sean certificados con un registro sanitario que garantiza que no representan riesgo para el bienestar de la población, siempre y cuando sean utilizados en condiciones que también determina la entidad.
Aunque lo anterior sería suficiente para definir la importancia de este instituto –próximo a cumplir 30 años de existencia–, lo cierto es que su presencia también proyecta al mundo el nivel y las características del control sanitario nacional, a tal punto que durante estas tres décadas el Invima se ha granjeado una posición en este contexto que lo ubica como una Agencia Nacional de Referencia nivel IV, el más alto de la región, compartido con un reducido número de países.
Por supuesto, este tránsito no ha estado exento de dificultades, cuestionamientos y fallas que si bien de tanto en tanto afloran, como la congestión de trámites y el reciente doble hackeo de sus plataformas digitales, existe el consenso de que esta estructura de vigilancia vital debe fortalecerse y adecuarse a los más altos estándares que exige su misión.
La cabeza rectora debe reunir altas condiciones técnicas, capacidad de liderazgo y gestión, enmarcadas en concepción de país.
De ahí que resulte inquietante que a la fecha el Invima no tenga un director en propiedad, condición que se ha mantenido desde el inicio del actual gobierno, que para el efecto desde el 21 de septiembre del año pasado ha delegado esta tarea en calidad de encargos, tanto que –curiosamente– la única titularidad en este lapso la ha ejercido (45 días) el director nombrado por el presidente Iván Duque.
Aquí vale la pena referenciar las voces que avalan la capacidad e idoneidad de los profesionales que de manera interina han dirigido el Invima durante este periodo, pero, a su vez, es necesario echar mano de conceptos de propios y extraños que aseguran, con razón, que la carencia de una cabeza en propiedad deja en el limbo algunos proyectos en los que está inmersa la entidad, como el fortalecimiento de su capacidad técnica, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), sin dejar de lado la incertidumbre que, en términos de futuro inmediato, manifiestan algunos s ante propuestas, definiciones y conceptualizaciones que emanan de dicho despacho.
En este sentido, resulta urgente hacer un llamado a la Presidencia de la República, de la que depende directamente el Invima, para que de manera prioritaria le designe en propiedad una cabeza rectora que, en vista de la esencia, valor e impacto sobre la comunidad, debe reunir las más altas condiciones técnicas, capacidad de liderazgo y gestión, enmarcadas en una concepción de país, porque también hay que recordar que gran parte de la política de industrialización y crecimiento económico cruza por el Invima. De ese tamaño es la responsabilidad.
Valga decir que si las personas que han ejercido los encargos cumplen con estos requisitos, su ratificación ahorraría trastornos, generado por procesos de empalme y curvas de aprendizaje. Lo importante es superar las incertidumbres que genera toda interinidad. Especialmente cuando estas tocan responsabilidades trascendentales como las del Invima.
EDITORIAL