La incierta paz de los ‘exparas’

Con su política de ‘paz total’ sin despegar después de dos años –para la muestra, el inhumano paro armado impuesto por el Eln en el Chocó en pleno desastre invernal–, el presidente Gustavo Petro ha dado esta semana un paso adelante en su anunciada intención de reabrir la negociación realizada hace dos décadas con los exjefes paramilitares. Para ello, como ya lo había hecho con Salvatore Mancuso, ha graduado como gestores de paz a otros 17 excapos de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), entre ellos varios que siguen presos por sus crímenes en cárceles de Colombia y de Estados Unidos.

La respectiva resolución, la 453 del 12 de noviembre, señala que la designación, que en la práctica se traduciría en la posibilidad de que los ‘exparas’ que están presos en Colombia puedan salir temporalmente de la cárcel, será en principio por seis meses. El Gobierno asegura que busca que estos antiguos señores de la guerra, cuyos nombres están asociados profundamente al narcotráfico a escala industrial y a muchos de los peores crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el país, “contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz”.

De entrada, es necesario advertir que el objetivo y las razones para concederles esa condición y los beneficios (incluido Salvatore Mancuso, a quien le fue renovado el privilegio) no son claros. La figura de los gestores de paz, creada desde finales de los 90, se refiere a o ex de grupos armados ilegales con los que la istración pretende establecer diálogos. A qué grupo representan Mancuso y sus pares criminales es, entonces, una de las primeras preguntas que surgen con la decisión.

Al respecto, esta semana, la Corte Suprema de Justicia hizo un pronunciamiento, que merece ser calificado de afortunado y refrenda su valiosa tradición en defensa de las víctimas, sobre las condiciones que deben cumplirse para que gestores nombrados por el Gobierno puedan tener beneficios penitenciarios.

Al ratificar decisiones previas que negaron la libertad de Mancuso –quien en todo caso ya estaba libre por una orden de Justicia y Paz, pero basada en la pena cumplida y no en el nombramiento del Ejecutivo–, la Corte recordó que los jueces son los que tienen la última palabra en cada caso y que la jurisprudencia ha determinado que “si bien la suspensión de las medidas de aseguramiento persigue una finalidad legítima (como lo es la paz), lo cierto es que, en asuntos transicionales, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han determinado que el propósito de lograr la paz no es ilimitado”.

Y advierte de la afectación del orden legal y constitucional que se da cuando “se busca otorgar un beneficio ilimitado (la libertad) sin contraprestación ni contención alguna, pese a la ausencia de contribución real con la verdad y la reparación de las víctimas por parte del postulado”. Esa reflexión es totalmente pertinente en los casos de los ‘exparas’ que siguen en prisión, expulsados de Justicia y Paz porque se negaron a cumplir o intentaron burlar los compromisos de verdad, justicia y reparación exigidos a cambio de recibir las penas alternativas y no las superiores a 40 años que merecían.

Esa es la condición de ‘don Berna’, Ramiro ‘Cuco’ Vanoy (como el anterior, aún pagando una pena por narcotráfico en EE. UU.), ‘Macaco’, ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo Serna. Sobre este último, huelga recordar que es uno de los peores depredadores sexuales en la historia del país, con centenares de casos de violación de menores de edad en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Solo por hacer referencia a ese caso, cuál es el mensaje que el Gobierno pretende enviarles a las mujeres abusadas al darle la posibilidad de salir de prisión a este criminal que, además, incumplió con un pilar de la justicia transicional: la no repetición, ya que se comprobó que aun estando preso siguió violando a niñas.

Todos ellos fueron expulsados por negarse a colaborar con la justicia. Por ello resultan totalmente oportunas las palabras de la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre los efectos de esta designación tanto para sus miles de víctimas como para la sociedad. “¿Por qué esta vez sí podremos confiar en que van a contribuir a la paz?”.

Sobre los nexos de los grupos armados con sectores legales e ilegales, incluidos algunos del establecimiento, quedan aún capítulos por esclarecer. Pero es una verdad que aplica rigurosamente tanto para los paramilitares como para las Farc, el Eln y, como bien lo señaló el presidente de la Corte Suprema en el aniversario 39 de la toma del Palacio de Justicia, también para el M-19.

Corresponde al Poder Judicial, al Congreso y al país entero estar atentos para garantizar que las decisiones del manejo de la paz no terminen siendo aprovechadas en el peligroso juego de la polarización política ni facilitando, como ya ha pasado, que los victimarios irredentos sean los grandes beneficiarios de las prerrogativas del Ejecutivo.

EDITORIAL