La seguridad energética

Son numerosos los temas que les causan aprensión a los colombianos. Pero dentro de la larga lista de preocupaciones por lo que pueda traer el futuro, surge un punto que hasta hace poco no era motivo de zozobra: la seguridad energética del país.

El motivo no es solo que Colombia había adoptado un esquema institucional fuerte con el fin de evitar repetir experiencias dolorosas como el racionamiento eléctrico de comienzos de los años noventa, sino que contaba con yacimientos que le permitieron conservar durante décadas su autosuficiencia en materia de petróleo y gas. Ahora hay preocupaciones justificadas en ambos frentes.

La más reciente advertencia fue hecha en este diario por Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, el gremio que reúne a los generadores de energía. De manera contundente, la dirigente hizo un llamado urgente para evitar que Colombia vuelva a quedar a oscuras en el futuro cercano. Hay motivos de sobra. Para comenzar, están las vulnerabilidades crecientes ocasionadas por el cambio climático, que ha alterado los patrones de lluvias, algo crucial en un país cuyo parque de generación depende en su mayoría de turbinas movidas por agua. El viernes el nivel de las reservas hídricas que respaldan el sistema interconectado se ubicó en cercanías del 50 por ciento de su capacidad, un mínimo histórico.

Si bien los pronósticos indican que la temporada invernal debería llegar pronto, vale la pena recordar que hace un año los embalses estaban mucho más arriba y en abril bajaron hasta un punto crítico. Aunque hay más factores en la ecuación, los riesgos de potenciales afectaciones crecen. Y eso es así debido a que el margen entre la oferta potencial y la demanda es cada vez más estrecho. Tanto el atraso en la entrada plena de Hidroituango como la cancelación o demora de la construcción de proyectos de tecnologías limpias, como los parques eólicos en La Guajira, abren un enorme interrogante respecto a lo que viene.

Eventualidades no deseables pero factibles, como el daño en una planta importante o una sequía prolongada, pueden conducir a cortes obligatorios. Por eso se requiere que las iniciativas que forman parte de la ruta de expansión ya definida se lleven a cabo y que vengan convocatorias adicionales. También urge la construcción de la infraestructura de transmisión que está demorada debido a procesos de consulta, permisos ambientales y bloqueos de comunidades. Tanto la costa Caribe como Bogotá enfrentan restricciones porque al día de hoy no existen suficientes líneas de conducción ni subestaciones. Para colmo de males, las perspectivas en lo que atañe al gas no son nada alentadoras. Dado el declive de la producción nacional –que en 2025 no alcanzará para atender el consumo interno–, será obligatorio acudir de manera creciente a las importaciones, sin contar el combustible que se compra afuera para alimentar las termoeléctricas que deben prenderse cuando el agua escasea.

Con el paso de los meses los faltantes serán cada vez mayores, como ya lo sienten la industria y el transporte. Lo más reciente: la necesaria, aunque difícil decisión de Ecopetrol de proveer gas natural para la generación ha hecho que la empresa deje de venderles gas vehicular a trece distribuidores. El caso es que el déficit se extendería hasta finales de esta década. No ayuda que exista un gran depósito en el bloque Tayrona, objeto de una polémica determinación de un juez de Santa Marta que suspendió las actividades en el pozo exploratorio Uchuva 2. Aunque la determinación ya fue impugnada, lo ocurrido muestra que el camino está lleno de contingencias, ante las cuales se requiere buena gerencia. En ese sentido es lamentable la actitud del Gobierno, que desde un primer momento estuvo advertido. En lugar de anticiparse a los hechos, optó por jugar la carta del gasoducto que nos une con Venezuela, hasta que entendió que las condiciones técnicas y otras complicaciones hacen imposible esa opción. A esto se suman sus señales en las que se cuestiona al gas, y a las plantas termoeléctricas que lo usan, desconociendo su importancia para la confiabilidad energética y para la transición.

Muchas de esas equivocaciones cometidas están relacionadas con la obstinación de anteponer la ideología a los conceptos técnicos. La demora en llenar con nombramientos en propiedad las vacantes en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) nos deja muy mal parados al no contar con expertos que tomen decisiones urgentes para una crisis que bien podría haberse evitado o mitigado a tiempo. El Ejecutivo cuestiona las condiciones para elegirlos, pero en el entretanto ha dejado una Creg a media marcha que no le conviene a nadie.

Ante un 2025 que se vislumbra como un reto para conjurar cualquier riesgo de racionamiento, el Ejecutivo debe corregir los errores y no ahondar en ellos. Los actores privados del sector le han expresado su voluntad de trabajar en conjunto para enfrentar las alertas. Desperdiciar ese llamado sería darle otro golpe a la seguridad energética.

EDITORIAL