La esperada subasta para los bloques de espectro radioeléctrico por donde circularán las redes 5G, que nos darán velocidades de navegación hasta 100 veces superiores a las actuales de 4G, tendrá lugar el próximo 20 de diciembre.
Sin embargo, de aquí a esa fecha se plantean varios obstáculos. El primero de ellos será el de las medidas de la Comisión de Regulaciones (CRC), ad portas de publicarse y esperadas desde hace dos años tras la declaratoria de dominancia en el mercado de internet móvil, que la mayoría de operadores reclaman con ansias para determinar cómo se plantea la estrategia oficial para disminuir la concentración de s y facturación en el negocio de telecomunicaciones, con medidas específicas que impactarían a Claro.
Si bien el mismo Gobierno ha reconocido que el tamaño y la preferencia en favor de dicho operador se deben a su apuesta decidida por invertir y crecer sus redes y cobertura, es evidente que dicha resolución de la CRC determinará para toda la industria un norte sobre cómo reducir la concentración.
El Ejecutivo se enfrenta a un ecosistema golpeado en lo financiero, que además se debate en duras batallas de competencia.
Claro rechaza dichos señalamientos exponiendo datos contundentes de cantidad de operadores en competencia y la alta portación entre empresas que exhibe el mercado local, como prueba de que no hay dominancia sino falta de inversión para competir en franca lid.
Adicionalmente, este mercado se encuentra en un duro momento financiero tanto por la desaceleración económica como por la volatilidad del dólar y de la tendencia deficitaria de un negocio que cada vez entrega más servicio y capacidad, mientras factura menos a los s. En este sentido está fresco el antecedente de Tigo, rescatada de la reorganización empresarial luego acordar con su socio, EPM y la ciudad de Medellín, una capitalización urgente para recuperarse.
En un intento por mejorar las condiciones, es de reconocer que tanto el Ministerio de las TIC como la Agencia Nacional del Espectro lograron aterrizar los costos del espectro a una escala razonable para los operadores; incluso optimizaron factores como los pagos anticipados de garantías y elevaron las obligaciones como entrega de tabletas o conexiones en escuelas para que disminuyera el pago en efectivo por el valor del espectro, pensando en el flujo de caja de estas empresas de telecomunicaciones, que llevan décadas comprometidas con inversiones importantes por el desarrollo de las telecomunicaciones del país.
Así, pues, el Ejecutivo se enfrenta a un ecosistema golpeado en lo financiero, que se debate en duras batallas de competencia, que ahora tendrá que multiplicar sus gastos e inversión en renovación de los permisos de espectro (casi el 60 % de esos permisos se renovarán de aquí a marzo), además del golpe de billetera que significará pujar por el espectro para 5G.
Que el loable interés del Gobierno por conectar a los colombianos y por traer el 5G para el desarrollo socioeconómico del país e incentivar la inversión con apoyo de los operadores logre superar semejante camino espinoso de aquí a diciembre. Se trata de un salto que el país no puede dejar de dar. De ahí la necesidad de evitar pasos en falso.
EDITORIAL