A plenaria del Concejo de Bogotá pasó el proyecto de acuerdo que autoriza un cupo de deuda global para la ciudad por 11,7 billones de pesos, que incluye los remanentes de un cupo anterior (10,8 billones) por 5,9 billones. Los recursos, como lo expuso la istración, tienen como destino programas sociales, asegurar los dineros para la segunda línea del metro y ampliar el sistema de cuidado. Adicionalmente, contempla recursos por 2,4 billones de pesos para educación superior.
Es, sin duda, un monto alto y representa una carga importante para las finanzas de la ciudad. Carga que pagarán los bogotanos y la misma dinámica de la capital, que debe mejorar en muchos frentes si quiere recuperar sus niveles de productividad –afectados por la pandemia– y su atractivo para los inversionistas.
Endeudarse no está mal si se hace con responsabilidad y se manejan bien las finanzas. Y Bogotá ha dado muestra de austeridad fiscal y de responsabilidad en el control de sus recursos. Amén de que los ciudadanos son cumplidores a cual más de sus deberes. Tanto que hasta protestan con vehemencia cuando no pueden pagar impuestos por problemas técnicos.
En este mismo espacio se ha defendido el nuevo compromiso que pretende la Alcaldía, en el entendido de que la ciudad requiere de fuentes frescas para aliviar el impacto de la pandemia y atender los reclamos que desencadenaron los violentos estallidos sociales, al tiempo que se aseguran recursos desde ya para la segunda línea del metro. Pero también se ha dicho que hay que hacerlo con cuidado, sin riesgo de ir a ‘raspar la olla’, como se dice en el argot popular.
La ciudad requiere de fuentes frescas para atender necesidades sociales y asegurar la segunda línea del metro.
Es cierto que Bogotá tiene margen para endeudarse, pero debe hacerlo con cautela. Tras esta operación, el próximo año se estaría llegando al límite de su capacidad de endeudamiento frente a los ingresos corrientes de la ciudad, y en 2029 ya no habría espacio, lo cual significa que el próximo gobierno encontrará un margen muy reducido para seguir en la misma dinámica y eso tendrá un costo.
La economía familiar enseña que las deudas se adquieren solo si no afectan otros bienes básicos. Y esa es la consideración que hay que hacer para el caso de Bogotá. Es de esperar que la autorización para comprometer a la ciudad con nuevos empréstitos signifique también buenos niveles de ejecución por parte del gobierno y que esto se traduzca en mejoras sustanciales en la calidad de vida de las personas.
Mención especial merece la apuesta en educación, que se lleva el 21 % del cupo. Según se explicó ante el Concejo, de los 2,4 billones que se le destinarán, 1,4 serán para educación posmedia y 1,08 billones para infraestructura. E incluye 56.000 becas para que más jóvenes accedan a educación superior y a formaciones cortas. Lo clave aquí es que, primero, esos cupos se entreguen por mérito y no atendiendo favores políticos, y dos, que se deje claro cómo se sostendrá esta política en adelante.
Lo más apremiante ahora es que cada peso invertido signifique más empleo para mujeres y jóvenes, más inversión en infraestructura, más oportunidades en educación y mejores indicadores en términos de equidad, pues Bogotá necesita avanzar en la tarea de resolver esos desafíos.
EDITORIAL