Más armas en las calles

No obstante la disminución en las cifras de algunos delitos, la percepción ciudadana con respecto a la inseguridad en Bogotá sigue siendo un desafío enorme para las autoridades. El dato revelado ayer por este diario sobre el aumento en la cantidad de armas de todo tipo incautadas por las autoridades confirma, infortunadamente, que la capital afronta un fenómeno de profundas implicaciones.

Y es que entre enero y octubre se han incautado 261.888 armas blancas, 727 armas de fuego y 1.534 armas, entre neumáticas, traumáticas o de fogueo. En este campo, el aumento es del 24 por ciento en comparación con el dato de igual lapso del 2021. En los restantes, el crecimiento oscila entre el 23 y el 30 por ciento.

Es una realidad preocupante en todo sentido. Buena parte de estas armas están en poder de una delincuencia que las usa para cometer diferentes delitos. Pero también va quedando claro que entre la misma ciudadanía viene creciendo además la tendencia a portar armas, con la excusa de la necesidad de usarlas en defensa propia, en caso de ser necesario. Y esto, como tantas veces se ha dicho, jamás va a resolver el problema. La realidad es que para nadie puede ser una buena noticia que aumente la cantidad de armas de distinto tipo en las calles de la ciudad.

En particular preocupan las armas traumáticas, neumáticas y de fogueo. Según las estadísticas, el promedio de incautación de estas es de 153 al mes y 5,4 al día. Un aumento del 23 por ciento con relación al periodo enero-octubre del año pasado. El asunto aquí pasa porque a diferencia de las armas de fuego, estas se siguen consiguiendo con mucha facilidad, dadas las zonas grises en la reglamentación. En este sentido, el decreto 1417 del 4 de noviembre de 2021 estableció que para su porte es necesario un salvoconducto, igual al que se requiere para las de fuego, por lo que hoy por hoy las autoridades están facultadas para decomisarlas. Esta misma norma estableció unos plazos de seis y ocho meses para que quienes posean dichas armas las entreguen o procedan con su marcaje y registro para lograr el respectivo permiso para portarlas. En este frente no parece haber mayores avances y, reiteramos, es evidente que su venta persiste, tanto en el comercio callejero como en plataformas digitales.

De este preocupante panorama asoman dos retos. El primero es el de no bajar la guardia en la lucha contra las organizaciones que proveen las armas al crimen organizado. Para especialistas como Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, es cada vez más necesaria una política en Colombia contra el mercado internacional de armas, flagelo que afecta no solo al país, sino a toda la región.

El segundo es el de retomar la conversación sobre las consecuencias que tiene para la convivencia y para el tejido social que sean más quienes opten por portar un arma para su defensa. Esto no debe aceptarse y debería, ojalá, recibir sanción social. No se puede bajar la guardia en las requisas. Y hay que insistir: ser enfáticos en que tener más ciudadanos armados no conduce a ciudades más seguras, sino, por lo general, a todo lo contrario.

EDITORIAL