PAE: no solo multas
Lo que haga la SIC contra los carteles de los refrigerios escolares en Bogotá no es suficiente.
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La Fiscalía ya tiene en sus manos parte de la evidencia de que un grupo de poderosos empresarios, cercanos a algunos círculos políticos, así como a concejales y hasta gobernadores, armaron un entramado para apropiarse de más de 1,5 billones de pesos en contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Bogotá.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se prepara para imponerles millonarias multas, y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien los llamó “contratistas de porquería”, ya envió evidencia clave de cómo metieron las manos en al menos 21 procesos, llegando incluso a redactar apartes de los pliegos a su conveniencia. Pero las multas, que sobrepasan los 1.500 millones de pesos, no son suficientes, y más aún sabiendo que estos saqueadores están enquistados en la contratación desde hace al menos una década. Y que han enviado señales de querer dar la pelea por conservar sus rentas.
En 2011, la Unidad Investigativa de este diario denunció a varios de los que ahora aparecen como cabezas del cartel. De hecho, la entonces representante Ángela María Robledo se atrevió a señalar cómo familias de políticos de Bogotá estaban detrás de ese saqueo, cuyos tentáculos alcanzaban al ICBF y el Inpec.
El repudio de la comunidad y las multas no son suficientes: 1,5 billones de pesos del erario capitalino deben ser recuperados.
Según el superintendente Pablo Felipe Robledo, hay pruebas suficientes de que estos empresarios, entre los cuales figuran Germán Trujillo, Juan Carlos Almansa y Hayder Villalobos, tocaron los límites de la ilegalidad y deben ser investigados penalmente.
De hecho, los Villalobos ya habían salido a relucir en el escándalo del ‘carrusel’ de la contratación y son objeto de investigación por irregularidades en la Agencia Logística del Ejército. Y qué decir de Trujillo, hoy con casa por cárcel por timar al departamento de Santander facturándole en papelería de talleres de grúa el suministro de raciones para niños, en las que incluía tamales hasta por 30.000 pesos.
Sus abogados han dicho que se trata de malentendidos contables, pero los chats y correos que recogió la SIC demuestran que hay algo más. Y también, que aún falta un capítulo clave: destapar a los políticos que les sirvieron de padrinos, les otorgaron contratos y, de paso, les exigieron aportes a sus campañas.
Como consecuencia de estas conductas, miles de niños de escasos recursos de Bogotá, y de otras partes del país, recibieron raciones a precios inflados, nutricionalmente débiles y hasta en mal estado.
La buena noticia es que la istración Peñalosa ya le cerró las puertas a este cartel y dejó en manos de expertos el manejo de la alimentación de 750.000 niños de los colegios públicos de la capital que merecen ser protegidos de este tipo de atropellos y conductas, a todas luces antiéticas.
Sin embargo, el repudio de la comunidad y las multas no son suficientes. Estamos hablando de 1,5 billones de pesos del erario capitalino que se quedaron enredados en los bolsillos de estos contratistas y deben ser recuperados. Y hay que tener claro que la decisión de la SIC es apenas una primera batalla de muchas que habrá que librar desde la legalidad contra estos infames carteles.
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