Parar la violencia en casa

Esta semana, la Corte Suprema abrió un importante debate sobre la mejor vía para evitar impunidad frente a delitos como el feminicidio y otros que hieren profundamente los fundamentos de la sociedad. Así, mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro sancionaba la ley que elimina cualquier posibilidad de rebaja de penas para los feminicidas, impulsada por la oposición en el Congreso, la Corte –y en esto la acompañan la Fiscalía y el mismo Ministerio de Justicia– sostiene que para lograr condenas y romper efectivamente la impunidad se necesita eliminar las barreras legales que se han impuesto en los últimos 20 años para que los procesados por los delitos más graves –incluidos los responsables de abuso sexual y asesinato de niños y jóvenes– puedan recibir beneficios penales a cambio de colaboración y allanamiento a cargos.
Si se mira desde las magras cifras de condenas, es una posición razonable y apoyada en los datos, pero que debe atender también la posición de las víctimas y de los sectores que, con argumentos, advierten que el efecto disuasorio de las penas es una herramienta fundamental –por supuesto, no la única– para combatir el delito y desestimular a los criminales.

Es claro que un frente clave en la batalla contra el feminicidio es el de la prevención. Frente que no solo incluye que haya mecanismos eficientes para proteger a las mujeres en riesgo y extensas campañas tanto en casa como en las escuelas para desaprender las conductas machistas, sino prevenir atacando, por todos los medios, la violencia en casa.

La violencia intrafamiliar es, como lo han señalado recientes informes de este diario, el delito que más ha crecido en el país durante este año. Con corte de abril, según cifras del Ministerio de Defensa, hubo 48.816 denuncias, un crecimiento del 51 % con respecto a las del periodo enero-abril del año pasado (16.474 casos más). Y es también una de las conductas delictivas por las que se terminan dictando la mayor cantidad de absoluciones: cerca del 35 por ciento del total de sentencias adversas para la Fiscalía, según datos de la Judicatura.

Si esta violencia que ocurre en casa casi a diario no tiene consecuencias penales –de hecho, muchos casos denunciados ni siquiera llegan a juicio por desistimiento de las víctimas–, y si no se elaboran estrategias que produzcan cambios reales en nuestro comportamiento y en el de las nuevas generaciones, se estará abonando el terreno para futuras tragedias.

Esa es una realidad que deben tener clara el Estado y el país mismo. Los feminicidios son la expresión más degradada de esa violencia que el Estado, en su función de prevención y protección, y particularmente el sistema judicial, con acompañamiento a las familias y seguimiento efectivo a los procesos, deben frenar a tiempo.