Plataformas y taxistas

Hace pocos días se dio a conocer un borrador de proyecto de la Superintendencia de Transporte que bloquearía las aplicaciones de movilidad, inmovilizaría los vehículos de los conductores por más de un mes y sancionaría con más de 10 millones de pesos a los s. Como era de esperarse, la noticia despertó el rechazo no solo de los gremios tecnológicos, sino también de los miles de colombianos cuyos ingresos dependen de estas plataformas.

Asimismo, se reactivó el pulso entre los taxistas tradicionales y los conductores de estas apps, como Uber, Didi, Cabify e InDriver. Mientras representantes de los primeros amenazaron con bloqueos de ‘amarillos’ a las principales capitales del país, los segundos salieron a protestar en la capital de la República, generando zozobra y reacciones de las autoridades. Todo esto indica que ya es momento de que el actual gobierno nacional resuelva una situación que lleva varios años y que anteriores istraciones dejaron pendiente.

En primer lugar, las entidades del Ejecutivo deben diseñar con mayor cuidado y talante democrático medidas que terminan golpeando la forma como se ganan la vida más de cien mil familias. Este episodio se suma a otros recientes que demuestran que la istración Petro necesita trabajar en la coordinación y construcción colectiva de sus decisiones de política pública. Afortunadamente, el Ministerio de Transporte ya salió a aclarar que no se eliminarían las aplicaciones y abrió una mesa de conversaciones con los afectados.

Segundo, las plataformas de movilidad constituyen, tras varios años de operaciones, una realidad tangible en las grandes ciudades del país y no solo prestan un valioso servicio de transporte, respaldado por los s, sino que también contribuyen, según un estudio de Fedesarrollo, con alrededor del 0,23 por ciento del PIB. Además, en la pandemia se convirtieron en una alternativa laboral y de generación de ingresos para decenas de miles. Es decir, como “un colchón o un seguro”, como lo afirman los investigadores de este centro de pensamiento.

Un tercer aspecto es la urgencia del camino hacia la regulación tanto de las plataformas y el servicio como del rol de otros actores como los taxis y el servicio especial. Si bien en las calles todos deberían caber, no se trata solo de darles luz verde a las aplicaciones, sino de construir un marco actualizado que rija el ecosistema de la movilidad pública individual. Equilibrar y ordenar la ‘cancha’ de la prestación de este servicio de transporte implicará concesiones de lado y lado: las plataformas deben operar bajo nuevas reglas de pago de impuestos, normas laborales y aseguramiento, mientras que los taxistas necesitan reducir sus desventajas en términos de costos, cupos y operación. Al final, lo que debe primar es un proceso transparente y equilibrado, libre de las miopes amenazas de bloqueos de vías que se oyen de taxistas y conductores de plataformas.

El siguiente paso en esta situación debe conducir a la legalización y reglamentación de las plataformas, así como a cambios en los taxis. Pero esta discusión, que el gobierno Petro debe liderar con todos los actores, en beneficio de los s y prestadores del servicio, no puede partir de las amenazas y las prohibiciones, sino del diálogo y de la voluntad de concertar.

EDITORIAL