Repensar las cuentas alegres

A finales del mes pasado, el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2025. El Gobierno Nacional presentó una propuesta con un total de 523 billones de pesos, un aumento de 3,9 por ciento con respecto al presupuesto aprobado para este 2024. De ese total, el 62,7 por ciento –328 billones– se destinaría a los gastos de funcionamiento estatal, un 21,5 por ciento al servicio de deuda pública y un 15,8 por ciento para inversión.

Mientras los recursos públicos orientados al funcionamiento y a pagar las deudas aumentarán 6 y 19 por ciento con respecto a este año en curso, los dineros para las inversiones del Estado se reducirán en un 17 por ciento. Esta discusión presupuestal anual es de las más cruciales en las democracias contemporáneas, ya que pone, literalmente, en ‘plata blanca’ no solo las distintas fuentes de ingreso del Estado sino también las prioridades y los rubros que marcarán el gasto público.

Lo cierto es que el Ministerio de Hacienda ha presentado un proyecto de presupuesto desfinanciado desde el arranque de este debate en un monto, como mínimo, de unos 12 billones de pesos. Más aún: si se materializan ciertos riesgos identificados, este ‘hueco’ en las cuentas podría elevarse hasta unos 31 billones de pesos, según un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, o de 40 billones, de acuerdo con los investigadores del Banco de Bogotá. Riesgos tangibles y de potencial ocurrencia como, por ejemplo, que la Dian no cumpla con sus ambiciosas metas de recaudo de impuestos.

De hecho, para que las cuentas iniciales le cuadren, el Gobierno Nacional necesitaría –y ya está ambientando– la aprobación, por el Congreso de la República, de una reforma tributaria por esos 12 billones. En otras palabras, la istración Petro busca que el Legislativo le dé luz verde a un presupuesto desfinanciado desde el principio y dependiente de una abultada y onerosa alza de impuestos, cuyo futuro es incierto dado el ambiente actual que se percibe en el Congreso.

Este no es el mensaje de responsabilidad sobre las finanzas públicas que se esperaría de un Gobierno que transita un escenario fiscal complejo este año, aún sin una ruta de reactivación definida y en medio del choque de la desaceleración económica.

O, lo que es peor, que se repitan los mismos errores del año pasado. La discusión del presupuesto de la nación para la vigencia 2024 estuvo acompañada de alertas similares de analistas y centros de estudios como de unos cálculos exageradamente optimistas en recaudo tributario, una subestimación del impacto del freno en la economía nacional y la dependencia de la aprobación de una ley de arbitramento de litigios para la Dian. Al final, el Congreso no avanzó en esa legislación, la gestión de la Dian no estuvo a la altura y la Casa de Nariño se vio forzada a un recorte del gasto de 20 billones de pesos para este año en curso. ‘Tijeretazo’ que luce insuficiente para cerrar la brecha actual.

La lección no ha sido aprendida y el gobierno Petro pretende que los congresistas den el sí a un proyecto de ley con este billonario ‘hueco’ y que nuevamente destina gasto público a partir de ingresos contingentes. Así lo ha expresado claramente el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) en un reciente pronunciamiento: “El escenario fiscal de 2025 programa gastos con ingresos inciertos, lo que requeriría ajustes de gasto posteriores para cumplir con la regla fiscal en 2025”.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, también hizo un muy oportuno “llamado a las comisiones económicas del Congreso de la República para que analicen con detenimiento y en detalle el tema del desfinanciamiento” dentro del presupuesto de la nación. “El año pasado no se nos escuchó”, concluyó con toda la razón. Estas son solo dos de las múltiples voces técnicas, políticas e institucionales que están advirtiendo tanto de los serios riesgos fiscales de aprobar un proyecto con ese desequilibrio tan flagrante como sobre la inconveniencia de impulsar otra subida de impuestos para los ciudadanos, en medio de la desaceleración. El Congreso debe escuchar estas señales de alerta. Su responsabilidad es enorme.

En conclusión, es momento para que el Gobierno se comprometa con un presupuesto para 2025 que refleje la realidad económica y social de hoy, que esté mucho más ajustado a los retos de la reactivación y que cumpla con sus obligaciones fiscales. Ello pasa por aplicar la responsabilidad del Ejecutivo con la austeridad en el gasto. Esa vieja y eficaz medida de apretarse el cinturón es necesaria y debe entrar por casa, pues, sin duda, los colombianos ya han hecho no pocos sacrificios.

EDITORIAL