Replantear la lucha

El nuevo informe del Sistema Integrado para el Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) sobre la realidad de los cultivos de coca y la producción de cocaína en Colombia plantea un profundo análisis del gobierno del presidente Gustavo Petro y de las autoridades e instituciones encargadas de la lucha contra el narcotráfico en el país.

La preocupante realidad está sobre el terreno. Los cultivos crecieron en el 2023 un 10 por ciento (llegaron a las 253.000 hectáreas), y el enorme salto en la capacidad de producción de cocaína, que subió un 53 %, de 1.738 a 2.664 toneladas métricas, representa una grave amenaza que se refleja en el crecimiento del microtráfico y de las mafias y, por ende, en el mayor poder de violencia y coerción social que adquieren las organizaciones criminales, llámense Eln, disidencias o bandas.

En 2023, Colombia logró la incautación de casi 747 toneladas de cocaína. Ese resultado, que es histórico, va camino de superarse en 2024 (705 toneladas incautadas a corte de mediados de este mes). No obstante el esfuerzo de las autoridades, que debe reconocerse, en el 2023 los narcos habrían logrado sacar a los mercados de la droga al menos 1.900 toneladas de cocaína. Son cifras que impresionan.

La ecuación parece clara: mientras mayor cantidad de cultivos, mayor potencial de producción de cocaína y mayor chance de incautaciones. Y los narcos también desarrollan más tecnología para producir mejores cosechas. Hay nuevos cultivos, pero en el terreno los viejos llevan años sin ser afectados. Ni por las fumigaciones aéreas (suspendidas desde 2016) ni por las brigadas de erradicadores manuales, que este año ni siquiera han llegado a las 5.000 hectáreas destruidas, en cumplimiento de la orden gubernamental.

El documento del Simci reafirma que los grandes peces del narcotráfico, dueños de cultivos agroindustriales, se están beneficiando del enfoque antinarcóticos que el país empezó a tener hace dos años. Se demuestra, entonces, que las necesarias políticas de sustitución de cultivos y de desarrollo alternativo tienen que combinarse con una estrategia de erradicación que diferencie entre campesinos con cultivos de sustento y los agroindustriales de las grandes mafias.

El Gobierno anuncia el regreso de la fumigación manual con una molécula química que la Policía viene desarrollando para prevenir los eventuales daños generados por el glifosato. Es una buena noticia. Pero si se quieren cambiar las metas la erradicación, no pueden continuar los bajísimos niveles establecidos hoy. Mantener el foco en las incautaciones y los golpes contra la parte alta de la escalera del narcotráfico sin afectar severamente los cultivos agroindustriales de coca puede convertirse en otra bicicleta estática en esta compleja lucha.

Hay que hacer mucho más para ganarse a esas comunidades que históricamente han tenido en la coca a veces su única fuente de sustento. El presidente Petro dice que el Estado comprará los cultivos de los cocaleros de El Plateado y del cañón del Micay. Ojalá esa polémica iniciativa sea sometida a la revisión de los expertos, pues puede terminar siendo un incentivo con efectos contrarios a los deseados, ante la posibilidad de obtener ayudas del Estado. En el pasado iniciativas similares dejaron una lección contraproducente. Lo innegable es que se requiere replantear y apurar la lucha contra este flagelo, que tanto daño hace al país y la sociedad.

EDITORIAL