Cuando hacia el mes de abril se conocieron las cifras relativas al comportamiento de los recaudos tributarios a cargo de la Dian en el arranque de 2024, múltiples analistas hicieron sonar sus alarmas. La razón es que una lectura inicial reveló un desfase importante que acabaría ahondándose en las semanas siguientes.
Ahora un reporte de la Contraloría General de la Nación acaba de mostrar la magnitud del descalabro. Según la entidad, al cierre del primer semestre los ingresos del fisco cayeron en casi 20 por ciento frente a lo registrado un año atrás, un retroceso que no tiene paralelo, por lo menos en lo que va corrido del presente siglo.
En números gruesos, existe un descalce de unos diez billones de pesos frente a la proyección que hizo el ‘Marco fiscal de mediano plazo’, dado a conocer a mediados de junio. Puesto que este último ya había recortado la meta original que sirvió para construir el Presupuesto Nacional en vigencia actualmente, es claro que el Gobierno enfrenta un problema de marca mayor.
El motivo es que el tamaño del saldo en rojo de las finanzas públicas ya es francamente inquietante. Basta recordar que en febrero pasado el plan financiero elaborado por el Ministerio de Hacienda calculó ese faltante en el equivalente del 5,3 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo cual significa un retroceso frente al ejercicio previo.
Una salida prudente es un nuevo recorte presupuestal, adicional al protocolizado un mes atrás por el equivalente de 1,2 % del PIB.
Hace pocos días, el titular de dicha cartera habló de 5,6 por ciento, guarismo que apenas respetaría la regla fiscal, y eso si el Congreso le da luz verde a un proyecto de ley que pretende flexibilizar la norma. No obstante, con la nueva información el panorama se vuelve todavía más desafiante, pues la única salida sería hacer un recorte presupuestal, adicional al protocolizado un mes atrás por el equivalente de 1,2 por ciento del PIB.
Tal como están las cosas, en un futuro no muy lejano habrá que volver a sacar la tijera. En términos prácticos, el gran impacto lo recibiría la inversión, pues el servicio de la deuda, los gastos de personal y las transferencias que se les hacen a las regiones son inflexibles.
Sin embargo, un apretón adicional del cinturón traerá tensiones dentro del Gabinete. En el pasado reciente la Casa de Nariño exigió que sus programas bandera no salgan sacrificados, con lo cual el margen de maniobra es todavía menor.
Puede ser, y eso no se debe desconocer, que este semestre sea algo más benigno para los recaudos tributarios. Aparte del pago de los impuestos de renta por parte de las personas naturales, está lo que provenga del IVA o los gravámenes asociados al comercio exterior que tenderían a aumentar en caso de que la economía ande –como está previsto– a un ritmo algo más veloz.
Sin embargo, en estas materias vale más la prudencia. Un nivel de déficit y de deuda pública que no está lejos de los máximos a los cuales se llegó durante la época de la pandemia se traduce en una mayor percepción de riesgo que a su vez se expresa en un costo financiero más alto y una mayor devaluación del peso.
Caer en semejante círculo vicioso debe evitarse. Por más doloroso que suene, una opción diferente a la de mantener la casa en orden es peor que hacer ajustes para que la responsabilidad fiscal siga siendo la norma en el manejo de la hacienda pública en Colombia.