Sigue el deterioro

La situación de orden público sigue siendo motivo de enorme preocupación en el país. A los reportes provenientes de zonas bajo el agobio de los grupos armados se sumó esta semana el informe del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos correspondiente al 2024.

Este documento le da cifras a la razonable inquietud de múltiples actores y observadores frente al deterioro de la seguridad en vastas regiones de Colombia. No solo confirma que es cada vez mayor el poder de los grupos armados en ciertas regiones, también muestra un aumento del confinamiento, que creció 58 % en comparación con el del 2023, y si bien da cuenta de una disminución de la cantidad de personas desplazadas por la violencia, esta cifra sigue siendo escandalosa: 51.623 (la mitad indígenas y afrodescendientes), y no incluye los que este año han tenido que abandonar sus hogares en el Catatumbo. Es decir, hay motivos de mayor alarma.

El alto comisionado da cuenta, igualmente, de 216 casos de reclutamiento de menores. De nuevo, en su mayoría pertenecientes a las minorías citadas. Sobre este execrable delito, la cantidad de denuncias que la Defensoría del Pueblo ha recibido es dos veces mayor. Un triste panorama.

Debe preocupar que este reporte confirme tendencias en materia de control territorial por parte de agentes paraestatales ante la pasividad de las instituciones. Lo que antes buscaban y hasta cierto punto conseguían las guerrillas con tomas y ataques protagonizados por grandes cantidades de unidades armadas hoy lo logran los distintos grupos de una manera más silenciosa. Y el Gobierno no da señales de estar a la altura de ese desafío para contrarrestarlo. Es clara la ONU, a través del comisionado, en que los grupos armados en Colombia siguen firmes en su empeño de “destruir el tejido social, cooptar, suplantar o eliminar organizaciones con presencia histórica en los territorios como autoridades indígenas, consejos comunitarios y directivos de las juntas de acción comunal”.

La lamentable radiografía se reveló justo la misma semana en que tuvo lugar un contrapunteo entre el Consejo Gremial y el presidente Gustavo Petro, respaldado por el saliente ministro de Defensa, Iván Velásquez. Ambos dieron a entender que la situación de seguridad no es tan grave y que, si bien hay focos regionales que merecen atención, el cuadro general no dista mucho del que se ha venido observando en los últimos años. Para ello se refirieron a la disminución, real y loable, de los homicidios. La tasa del 2024, con 25,4 por cada cien mil habitantes, fue la más baja de los últimos cuatro años.

Por supuesto que este es un logro importante, pero se cometería un error si se tiene como único indicador. De hecho, en algunas zonas la merma, según coinciden analistas, se debe en parte a pactos entre grupos armados o a un nivel muy alto de control ejercido por un solo actor. Esto sugeriría un nefasto escenario en el que el Gobierno termine delegando, por omisión, en los ilegales una función esencial.

Lo que preocupa aquí es que todavía resta más de año y medio de gobierno y no da esperanza la actitud defensiva del mandatario, incluso resignada y derrotista, como se lo vio en la entrevista concedida a ‘El País’, tratando de no ver una realidad que a diario padecen millones de colombianos y colombianas de los sectores más vulnerables. Le corresponde al Gobierno, de la mano del nuevo ministro de Defensa, un conocedor de primer orden de la realidad de los territorios, replantear la política de seguridad. Cerca de tres años después, la ‘paz total’ sigue sin dar fruto alguno; al contrario, ha traído consigo un impresionante deterioro de la convivencia, extorsión, secuestros, confinamientos y desplazamientos en por lo menos once territorios, y todo, en muchos casos, ante la inacción de la Fuerza Pública, entre maniatada y confundida por su rol en todo este proceso.

No se trata de sembrar pesimismo. Pero estamos ante una realidad. No se entiende cómo luego de la declaratoria de conmoción interior ante la crisis que se vive en el Catatumbo todavía no se observen mayores acciones concretas ni resultados de la intervención estatal. De hecho, el puesto de mando unificado fue desmontado y se habla de una cierta inacción de las entidades nacionales que no han podido cumplir con las metas a corto plazo. Ya advirtió la Defensoría del Pueblo que situaciones parecidas a las del Catatumbo, mucho más que focos regionales de violencia, como los llama el mandatario, son peligrosos polvorines que se alimentan de una dinámica de alcance nacional e incluso transnacional: el crimen organizado.

Para que este no arrincone a la sociedad urge una estrategia sólida, consistente y, lo más importante, planteada sobre diagnósticos transparentes y objetivos honestos y autocríticos. No se puede combatir el crimen si se parte de la premisa de que este es un invento de sus críticos.

EDITORIAL