Un drama que no cesa

El de los desaparecidos en medio del conflicto armado es uno de esos dramas crueles y dolorosos que enfrentan miles de colombianos. Resulta difícil no estremecerse ante la magnitud de ese flagelo y frente a cada una de las historias de personas que nunca volvieron con sus familias por la situación de zozobra e inseguridad que ha imperado y desafortunadamente sigue imperando en gran parte del territorio nacional.

Con más de 124.000 víctimas reportadas hasta el 2016, el de la firma del Acuerdo de Paz, Colombia tiene el triste registro de ser el país del hemisferio occidental con el mayor número de desapariciones forzadas.

De la mayor parte de esas víctimas no se tienen, incluso después de décadas, noticias ciertas de su destino. Con el agravante de que no se trata de una historia cerrada: las desapariciones forzadas de los últimos años pueden contarse por miles, en medio de las múltiples violencias recicladas, pero alimentadas siempre por el narcotráfico.

Como resultado directo de la paz con las Farc, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha logrado, gracias a la colaboración extrajudicial de exguerrilleros de ese grupo insurgente y exparamilitares, recuperar los restos de 2.495 personas que fueron asesinadas y luego inhumadas clandestinamente.

Selvas, montañas, esteros, ríos, botaderos de basura (como La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín) y, en muchos casos, fosas comunes de cementerios son hoy escenario de intervenciones forenses y antropológicas para desenterrar la verdad. Este es el propósito final del Sistema Integral de Justicia, Reparación y No Repetición, que nació en los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc, pero que heredó una tarea en la que ya habían avanzado Justicia y Paz y el Sistema Sirdec (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres) de Medicina Legal y la Fiscalía.

En una labor que no ha sido suficientemente reconocida por el país, el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda (Grube), creado a partir de la Ley de Justicia y Paz en 2005, ha logrado recuperar 8.736 cuerpos de víctimas de los grupos paramilitares –el actor con mayor responsabilidad en este crimen, con el 52 % de los casos, según la Comisión de la Verdad– y devolver a sus familias los restos de 5.029 personas.

Pero estos esfuerzos siguen siendo discretos frente a los alcances de la desaparición forzada. Es por ello responsabilidad del Estado todo y de todos los colombianos contribuir a tratar de cerrar esta herida que nos ha carcomido por décadas.

La plena identificación de los cuerpos recuperados es otra empresa con enormes dificultades. De los 2.495 cuerpos hallados por la Unidad de Búsqueda, solo 426 han sido entregados dignamente. Y miles de los restos recuperados por Justicia y Paz siguen esperando que la Fiscalía obtenga los recursos necesarios para proseguir en la tarea de darles un nombre.

La pérdida violenta de un ser querido no es un trance fácil de sobrellevar. Pero es aún más difícil cuando no se tiene certeza ni de la suerte ni del paradero de esa persona, porque la zozobra la cargan padres, hermanos, esposas e hijos, muchas veces por toda la vida. Por eso la urgencia de hacer siempre más por encontrarlos. Y, claro, por evitar que más personas sean desaparecidas. Otra tarea urgente.