Un salto al vacío

Incluso en un país en donde los hechos transcurren de manera especialmente vertiginosa, lo sucedido en los últimos días con la salud resulta singular. Junto con el hundimiento en el Senado de la reforma presentada por el Gobierno tuvieron lugar la intervención de la EPS Sanitas y poco después la de la Nueva EPS, a la cual le siguió la comunicación de la Caja de Compensación Familiar Compensar, en el sentido de plantear el retiro de su respectiva entidad promotora del sector.

Lo anterior afecta de manera potencial a cerca de uno de cada tres colombianos vinculados al sistema. Más trascendental todavía es que abre un gran signo de interrogación respecto al esquema definido por la Ley 100 de 1993, el cual se encuentra en veremos por efecto de las determinaciones del Ejecutivo.

Como es bien sabido, el presidente Gustavo Petro llegó al poder en 2022 con la promesa de cambiar la estructura vigente por una más orientada a la prevención. Un elemento fundamental, que se concretó en el articulado radicado en el Congreso en febrero de 2023, era el remplazo del modelo de aseguramiento por el de un pagador estatal para eliminar la intermediación de las EPS. Claramente, aquí había una aproximación de origen ideológico, enfocada en el fortalecimiento del sistema público. Desde un comienzo dicha postura creó controversia. Dentro del gabinete de ese entonces surgieron voces disonantes que acabaron siendo eliminadas.

Quienes criticaron la idea señalaron la inconveniencia de desmontar un diseño institucional que a lo largo de tres décadas logró elevar la cobertura a casi la totalidad de la población, mientras el gasto de bolsillo es uno de los más bajos del mundo. De hecho, el consenso de expertos y la mayoría de los colombianos, consultados en encuestas, apuntaba a la necesidad de corregir los problemas pero sin hacer borrón y cuenta nueva.

A lo anterior se agregaron dudas sobre la transición, junto con el peligro de la corrupción por la eventual captura de diferentes entidades por personas inescrupulosas. Para resumirlo, el temor de muchos fue acabar con lo existente y caminar hacia la incertidumbre. Debido a ello, el tránsito de la iniciativa en el Congreso fue accidentado desde el primer momento. Para colmo de males, la negativa de la cartera de Salud a la hora de aceptar sugerencias o modificaciones después de la primera ponencia complicó el diálogo entre bancadas, el cual se volvió más difícil cuando la Casa de Nariño dio por terminada la coalición que la acompañó en un comienzo.

Contra lo que se llegó a pensar, el remplazo de Carolina Corcho por Guillermo Alfonso Jaramillo no hizo las cosas más fáciles. Aunque el Gobierno consiguió superar el escollo de la Cámara, desde hace meses se sabía que la etapa que venía era la más tortuosa, sobre todo porque nunca hubo flexibilidad desde el Ejecutivo.

Para marzo la suerte estaba echada, cuando una mayoría de senadores de la Comisión Séptima apoyaron el archivo del proyecto, lo cual se protocolizó esta semana. A pesar de que el desenlace resultó ser el previsto, el Presidente hizo acusaciones temerarias que agrían aún más las relaciones con el Legislativo.

En el entretanto, la realidad financiera del sistema de salud –que ya era muy mala– se deterioró todavía más por la demora en el giro de los recursos correspondientes a los presupuestos máximos. A estos retrasos se agregó el inadecuado reajuste del valor de la Unidad de Pago por Capitación, que se asemeja a la prima por cada colombiano asegurado que asume el presupuesto nacional.

Así acabaron creándose las condiciones para la “crisis explícita” de la que habló la hoy exministra Corcho al empezar su gestión. Tras lo hecho por la Superintendencia de Salud, tomó fuerza la hipótesis de que si la reforma no tuvo lugar por la puerta del frente –es decir, mediante una ley–, se hará por la de atrás, mediante decisiones istrativas y decretos gubernamentales, con los enormes riesgos que ello implicaría.

Sea como sea, no es ninguna exageración afirmar que el sistema está en cuidados intensivos y su pronóstico es reservado. Por tal motivo, no queda más que hacer un llamado a la cordura con el fin de que surja un escenario en el cual se puedan construir consensos, recuperar la confianza entre las partes involucradas y salir de esta difícil encrucijada. El Congreso es uno de los llamados a tomar la iniciativa y buscar acuerdos para debatir una nueva reforma que mejore el sistema, pero no lo lleve al abismo.

Más que vanidades o cálculos políticos, aquí lo único que vale es pensar en los colombianos. El nerviosismo de los pacientes, de quienes esperan una cita o siguen un tratamiento es patente, ante la eventualidad de quedar desprotegidos. Dado que se trata no solo de asuntos relacionados con el bienestar, sino del respeto al derecho a la vida de tantos, lo único que sirve es que la cura definitiva para el sistema de salud llegue pronto. Ni más ni menos. Lo contrario sería aceptar que no hay remedio para un salto al vacío.

EDITORIAL