El cierre indefinido de la vía que comunica Bogotá con Villavicencio es una pésima noticia para el país. Se trata del corredor que une la Orinoquia, gran despensa alimentaria del país, con las regiones Andina y Caribe. Es el puente entre las dos mitades de Colombia.
Las cifras reveladas con motivo de la crisis dan una buena idea de su magnitud: según la Cámara de Comercio de Villavicencio, las pérdidas diarias están por el orden de los 50.000 millones de pesos. El sector turismo, en plena temporada de mitad de año, está dejando de recibir alrededor de 1.500 millones de pesos por día. Catorce mil toneladas de alimentos llegaban a diario a Bogotá por esta carretera, y ahora deberán transportarse por las dos vías alternas a un costo significativamente mayor.
Se ha llegado a un punto en el que lo primordial –como lo ha dejado claro el Gobierno, y como tiene que ser– es proteger la vida. La cantidad de tierra –unos 120.000 metros cúbicos– que ha caído en el lugar más crítico, el kilómetro 58, a causa de lluvias que han superado el promedio histórico hace imposible una solución a corto plazo, sobre todo si el invierno no da tregua. Y es que este sitio es el tercero endonde más llueve en toda Colombia. Un área en la que, además, la construcción de unos galpones pudo haber alterado el flujo natural del agua lluvia, lo cual es fatal para la estabilidad del suelo. A ello debe sumarse lo que aportan la deforestación y las muy complejas condiciones geológicas de este tramo de la cordillera.
Urge asumir que estos eventos de intensas lluvias serán hacia el futuro las nuevas condiciones normales debido al cambio climático.
Lo cierto es que de continuar las precipitaciones, aumentaría el riesgo de un derrumbe mayor que represe el río Negro, con el subsiguiente peligro de que una avalancha afecte a Guayabetal. Ante este panorama, todos los esfuerzos, reiteramos, deben orientarse a evitar una tragedia con pérdida de vidas humanas. Así las cosas, y entendiendo que no es menor el impacto del cierre, hay que optar por la paciencia. Son múltiples y acertados los esfuerzos para mitigar las consecuencias de la crisis.
Y tal llamado no impide subrayar la necesidad de avanzar a pasos acelerados en la tarea de hacer menos vulnerable la red vial. Una vez se supere esta contingencia, la terminación de la transversal del Sisga, incluida en el paquete de las carreteras 4G, pero que hoy apenas tiene un avance del 35 por ciento tras no pocos contratiempos, debe ser de máxima prioridad.
Y, ante todo, hay que extraer lecciones de cara al futuro. Entender que garantizar la seguridad en una vía depende de asumir el impacto que sobre esta tendrán decisiones tomadas en muy diversas instancias. Desde el campo del ordenamiento territorial hasta el del cuidado de los bosques en las áreas circundantes y las cuencas de los ríos. Urge asumir que estos eventos de intensas lluvias serán hacia el futuro las nuevas condiciones normales debido al cambio climático.
Así, y aparte de la solidaridad del país con los llaneros, se requieren, por un lado, serenidad y ponderación que lleven a prevenir un desastre. Y, por el otro, capacidad para entender este suceso en toda su complejidad y obtener insumos que permitan avanzar en el objetivo necesario y urgente de reducir la vulnerabilidad de nuestra infraestructura.