Una trampa intolerable

La existencia de médicos que se prestan para emitir incapacidades falsas en un descarado mercado que, incluso, se publicita por las redes sociales exige, fuera de la pertinente investigación de las autoridades judiciales, la descalificación y sanción de tribunales de ética de este gremio, el cual se desdibuja por estos hechos, que terminan costando a todos.

Y aunque en este fraude se refleja la complicidad de trabajadores y jueces, lo cierto es que el documento, que ampara no solo las ausencias laborales sino además los correspondientes cobros, debe ser refrendado con la firma y el registro de un profesional de la medicina. En otras palabras, sin este requisito no habría dolo.

A ello debe agregarse que la incapacidad espuria tiene que ser acompañada por una historia clínica que, como es natural, también es falsa, con lo cual se pone en riesgo una de las instituciones más respetadas en el campo de la salud: el acto médico.

Todo con el agravante de que estas acciones se atrincheran indebidamente en el prestigio y el respeto de la autonomía profesional, tan defendida por este gremio.

No es un asunto de poca monta porque, en una investigación efectuada por ManpowerGroup y revelada hace unos días, esta denuncia no hace referencia a las ‘inocentes’ excusas para disculpar por una falta a clase o un guayabo de inicio de semana –también reprochables–, sino a verdaderos desfalcos cometidos a través de la emisión de incapacidades por períodos prolongados con las que se pretenden, aparte del pago respectivo, el cobro por indemnizaciones y hasta pensiones por invalidez.

De ninguna manera se trata de cuestionar el derecho que tienen las personas a periodos de recuperación y descanso después de una enfermedad o un accidente, sin que dejen de recibir su pago, y menos de cuestionar el trabajo de los médicos buenos. Pero sí, de poner el foco sobre la tendencia creciente a manipular fraudulentamente las herramientas sanitarias para asaltar la bolsa pública que financia la seguridad social y es aportada por todos.

Para entender el erosivo impacto de estos deslices en el sistema de salud también hay que sumarles el trauma que causan a las empresas y la economía del país la baja productividad y el trabajo fingido, factores que, según los expertos, duplican los daños.

Aquí hay razones de sobra para inferir que en el país este problema no se ha afrontado con la debida contundencia. Y su magnitud exige un llamado general para implementar acciones conducentes a frenar semejantes desmanes. Por un lado, a las autoridades para que reaccionen en concordancia con el delito tipificado que aquí se comete; así mismo, a los pacientes. Ellos deben entender que la solicitud de incapacidades innecesarias los convierte en cómplices de una fechoría.

Y en especial a los médicos, para que –en el marco de su autorregulación– emitan sanciones ejemplares con el fin de eliminar de una vez por todas estas prácticas, que para algunos son un descarado negocio. Esto bajo la premisa de que el silencio colectivo también los condena.