Avanzan en Congreso proyectos para prohibir matrimonio infantil y reconocer violencia vicaria

El proyecto, aprobado la noche del 30 de abril, busca modificar las leyes que actualmente regulan el matrimonio infantil, las cuales han permanecido sin modificación alguna desde que 1873. De acuerdo con los proponentes, el matrimonio infantil y las Uniones Tempranas Forzadas constituyen una grave amenaza a los derechos de la niñez y facilitan hechos de violencia y abuso sexual.

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Este proyecto, conocido como ‘Son Niñas No Esposas’ fue formulado por representantes de cinco partidos: Alexandra Vásquez y María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico, Jennifer Pedraza de Dignidad y Compromiso, Karen Juliana Lopez de Yo Soy Urabá, John Jairo González de la Asociación De Desplazados Del Municipio De Briceño y Juan Carlos Vargas de la Asociación de Productores de Cacao. 

"Los niños no pueden seguir siendo una contraprestación, no podemos seguir incrementando el Matrimonio Infantil, que afecta en mayor medida a las niñas de bajos recursos del sector rural e indígena”, dijo la representante Alexandra Vásquez.

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En plenaria también fue aprobado el proyecto de ley que busca reconocer jurídicamente la violencia vicaria, en la cual se hace daño a la mujer a través de sus hijas e hijos. La propuesta fue liderada por la representante Alexandra Vásquez y contó con ponencia positiva de la representante del Partido Conservador Delcy Isaza. En el último año y medio más de 3.400 mujeres han sido víctimas de violencia vicaria de acuerdo con la Fundación Contra la Violencia Vicaria.

Adicionalmente, otros dos proyectos de protección a madres y niños fueron aprobados en segundo debate. El primero se ocupa del fortalecimiento de la comunidad lactante y la promoción de la lactancia materna y el segundo interpone medidas para garantizar el universal al Programa Madre Canguro el cual beneficia a bebes prematuros o de bajo peso al nacer.

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“este Congreso tiene una oportunidad histórica de avanzar hacia una infancia libre de violencias. Nuestro proyecto de ley implica una política pública para el fortalecimiento de los proyectos de vida de la infancia y la adolescencia” manifestó la representante Jennifer Pedraza.

SANTIAGO MALAGÓN RESTREPO - REDACCIÓN POLÍTICA