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Congreso aprueba superpoderes para la Contraloría General
Senado le dio últimos debate al proyecto que cambia aspectos del organismo.
El Contralor es elegido para un periodo igual al del Presidente de la República, por cuatro años. Foto: Édmer Tovar / EL TIEMPO
La facultad de prevenir los actos de corrupción por parte de la Contraloría General de la República fue aprobada ayer por el Congreso luego de que superara su último debate una reforma constitucional que le dará un vuelco al control fiscal en el país.
La plenaria del Senado le dio el debate final al proyecto de acto legislativo impulsado por el propio contralor, Felipe Córdoba, y que consiguió que el ente de control fiscal tenga la facultad preventiva ante los posibles saqueos a los recursos públicos en las entidades estatales.
Hace un poco más de un mes, el propio Córdoba le habló a EL TIEMPO sobre la necesidad de esa facultad ya que, según él, la entidad llegaba cuando ya los dineros se habían perdido.
“Se propone un control preventivo, concomitante y posterior. Lo que necesitamos ante la tecnología del siglo XXI, con toda la capacidad de control, es poder anticipar cualquier riesgo y evitar que se pierda la platica”, afirmó Córdoba hace un mes.
Controversia
La mayor polémica se dio por la propuesta de más de 30 congresistas, entre ellos Rodrigo Lara (Cambio Radical), Álvaro Uribe (Centro Democrático) y Gustavo Bolívar (Lista de los decentes), para eliminar las contralorías departamentales y municipales, las cuales, para varios observadores, son unos focos de corrupción que subsiste en las regiones.
Las contralorías territoriales son las que realizan el control de los recursos públicos en los departamentos y los municipios, en los cuales, según varios expertos, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados tienen un alto poder de influencia en estos servidores.
La senadora por Cambio Radical Daira Galvis apoyó la propuesta de acabar con los entes de control fiscal en los territorios y dijo que estas instancias han llegado “al tope de la corrupción”.
Galvis puso como ejemplo lo sucedido en su región, la Costa Atlántica, y dijo que allí los contralores territoriales “están capturados, unas veces por los alcaldes o gobernadores o bien por los concejales y los diputados”.
“Esta no ha sido la mejor experiencia”, afirmó la congresista, quien recordó “el escándalo de corrupción del Contralor de Antioquia, que hoy tiene implicados”.
Por su parte, el senador por 'la U' Roy Barreras, dijo que “habrá posibilidades de evitar el desangre. Este es un proyecto contra la corrupción que le permitirá a la Contraloría prevenir con el nuevo control de advertencia. Como dicen las abuelas, es mejor prevenir que curar. Es mejor evitar el desangre que ir a hacer la autopsia”.
Juan Carlos Vélez, exsenador y promotor del 'No' y Juan Felipe Lemus es representante de 'la U'. Foto:Archivo particular
El senador por ‘la U’ Juan Felipe Lemus defendió la existencia de estos entes y dijo que “todo lo que tenga que ver con las funciones de control hay que mantenerlo y mejorarlo”.
Lemus dijo que el argumento de la “corrupción” no puede ser suficiente para eliminar las contralorías territoriales y agregó que eso sería como si algún congresista “incurre en un acto de corrupción” y se propusiera “eliminar el Congreso”.
“Quienes cometen los actos de corrupción son las personas, no las instituciones”, dijo el congresista de ‘la U’.
Además, el contralor General de la República, Felipe Córdoba, dijo que "nos queda una reglamentación para este proceso, dentro de la cual vamos a seguir viniendo al Congreso para poder pasar algunas otras leyes”.
“Nuestra idea y lo que hoy nos han aprobado es que el Gobierno Nacional presente una ley. Habría anualidades, la próxima sería de 250.000 millones de pesos, otra de 250.000 millones de pesos y la última de 136.000 millones de pesos para poder tener nivelación salarial de nuestro equipo de funcionarios, que son de carrera istrativa y nuestra planta técnica de personal”, agregó.
Luego de un extenso debate, la plenaria del Senado la propuesta no alcanzó los votos exigidos para ser aprobada y se aprobó una propuesta del Partido Conservador y senadores de otras colectividades que mantiene estos entes e indica que sus cabezas, es decir los contralores departamentales y municipales, sean elegidos luego de una “convocatoria pública”.
La iniciativa quedó pendiente solamente de la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara para comenzar a regir y darle, como lo esperan varios sectores, una nueva cara a la Contraloría, una de las entidades bandera en la lucha contra la corrupción.