Las razones detrás del estancamiento de los proyectos que buscan penalizar la violencia vicaria

En los últimos dos meses se han presentado 527 casos de violencia vicaria en Colombia. Esto es solo un subregistro que lleva la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria.

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De esta alarmante cifra, resaltan algunos casos como el del filicidio contra Santy Esteban y Susan Camila Beltrán Ramírez, de 4 y 7 años, asesinados en Bogotá a golpes y puñaladas por su padre, Darwin Felipe Beltrán. Unas semanas después, Jhon Jairo Manyoma lanzó de un tercer piso a Salomé, su hija de 5 años, en medio de una discusión con su compañera, la madre de la niña, en Jamundí.

Estos son solo algunos de los casos que deja el panorama preocupante de este tipo de violencia que expertos definen como el uso de los hijos e hijas para amenazar, controlar o hacer sufrir a la madre. Esta forma de agresión no solo busca causar dolor emocional, sino que también pone en riesgo el bienestar físico y psicológico de los niños.

El término fue creado por la psicóloga Sonia Vaccaro quien asegura que “es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros, por interpósita persona”.

Según datos de organizaciones, como la Fundación Contra la Violencia Vicaria, al cierre del año 2023, al menos 2.517 mujeres fueron víctimas en Colombia. Siendo el mes de diciembre el más violento con 308 casos y en lo que va de 2024 fue junio el de mayor cifra con 402.

Este término es poco conocido en el país, sin embargo, expertos en violencia de género señalan que la vicaria constituye la mayor violencia patriarcal después del feminicidio que a corte de octubre presenta 745 casos en Colombia, según el Observatorio de Feminicidios Colombia.

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Todas estas cifras han hecho que en el Congreso se estén discutiendo dos proyectos, uno en la Cámara de Representantes y el otro en Senado, que no han tenido tanta visibilidad pero que buscan reconocer este tipo de violencia de dos formas diferentes.

La iniciativa, que nació en la Cámara de Representantes, es de autoría de la representante del Pacto Histórico por Cundinamarca, Alexandra Vásquez y ha contado con el respaldo de víctimas y de múltiples organizaciones que trabajan en la protección de mujeres en Colombia, entre esas, la Fundación Colombiana Contra la Violencia Vicaria.

El proyecto de Vásquez no busca establecer penas y se enfoca en el reconocimiento de este tipo de violencia de género dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

La iniciativa está dirigida a la prevención, atención integral y efectivo a la justicia mediante acciones como la formación de funcionarios públicos, medidas de protección para la madre y su progenie, atención especializada por parte de las comisarías de familia y la creación de un registro de violencia vicaria por parte del DANE.

Adicionalmente, tiene entre sus propuestas que el 11 de mayo, quede consagrado como el día contra la violencia vicaria, como parte del componente pedagógico del articulado.

Por otro lado, está el proyecto “Ley Gabriel Esteban” en referencia al caso del niño asesinado por su padre en Melgar en el año 2022. Esta iniciativa fue radicada en el Senado y la autora es la senadora del partido Conservador Nadia Blel.

A diferencia del propuesto por Vásquez este propone adicionar delitos y penas al código penal y no definir la violencia vicaria como una violencia de género, sino como un tipo de agresión que podría ser aplicada de padre a madre y viceversa.

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En el articulado la congresista conservadora propone crear el delito de homicidio vicario y le establece una pena intramural de 500 a 700 meses (41 a 58 años). También, estable que quien ejerza violencia vicaria tendría que pagar de uno a seis años de prisión y una multa de hasta 16 salarios mínimos.

Según el Observatorio de Medicina Legal, en el año 2021 se registraron en Colombia 55.582 casos de violencia basada en género, representados en 106 feminicidios, 21.434 casos de violencia sexual y 34.042 de violencia de pareja.

Estos puntos en desacuerdos en ambos proyectos no han permitido que avancen en sus discusiones en el Congreso, como lo señaló en su columna en EL TIEMPO la periodista Claudia Palacio.

“Comprendo que para el correcto tratamiento judicial de los casos y para evitar la revictimización de las mujeres víctimas es muy importante que la ley reconozca las motivaciones machistas por las cuales cierto tipo de hombres usan a sus hijos para castigar a las madres de estos; pero considero que el enfoque de cualquier acción respecto a violencias debe estar centrado en los más indefensos, que en este caso son los menores de edad”, afirmó Palacios.

Lo que ha generado división en los proyecto es si este tipo de violencia se debe tipificar como violencia de género o como lo plantea la senadora Blel como una violencia que puede venir tanto de hombres como de mujeres.

El proyecto de Senado ha generado preocupación en varias organizaciones que trabajan en defensa de las mujeres y madres. En un comunicado oficial emitido por la Fundación Mujer Libre, la organización expresó su preocupación ante el riesgo de que quienes perpetran este tipo de violencia, puedan utilizar las disposiciones para judicializar a las madres injustamente. “Esto podría suceder si el enfoque del proyecto no diferencia adecuadamente entre víctimas y agresores, permitiendo a los perpetradores manipular el sistema legal para su beneficio".

En esa misma línea, el Consejo Superior de Política Criminal hizo una serie de observaciones a la Ley Gabriel Esteban. La entidad consideró que el proyecto no logra demostrar cómo la creación de nuevos tipos penales solucionaría el problema de la violencia vicaria de forma efectiva y además anotó que la pena propuesta para el homicidio vicario sería la más extensa de todo el Código Penal, superando incluso la pena por genocidio.

“Se advierte que el Proyecto de Ley puesto a consideración presenta una falta de evidencia empírica que dé cuenta de que la violencia vicaria es un problema en Colombia que amerita la intervención del derecho penal por medio de la creación de dos nuevos tipos penales producto de la insuficiencia de los actuales”, señala el Consejo.

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Y agrega: “El Proyecto no presenta elementos que permitan concluir si Colombia sufre de manera sistemática de un problema de violencia vicaria y que haga posible caracterizar esta forma de violencia con el fin de definir cuáles deben ser las soluciones político-criminales para enfrentarla”.

Además, señalan que con esos soportes difícilmente podría afirmarse que la creación de estos tipos penales sean una forma idónea de resolver la situación, “pues lo que se observa es que la legislación se ha planteado sin conocer el estado actual de la cuestión en la sociedad colombiana”.

Las ponencias de los dos proyectos ya fueron radicadas tanto en Cámara como en Senado para que inicien su tercer debate en las Comisiones Primeras.

EL TIEMPO habló con la representante para conocer cómo va la iniciativa y saber por qué no se unifica con la de la senadora.

Para la congresista del Pacto Histórico se necesita reconocer la violencia vicaría como violencia de género para poder tener estadísticas e índices: “si nosotros no lo incluimos dentro del ordenamiento jurídico vamos a seguir teniendo subregistros y se va a seguir interpretando dentro de las cifras de violencia intrafamiliar y no como violencia de género”.

“Nos preocupa mucho que ahora las mujeres resulten victimizadas, afectadas y tras del hecho sin sus hijos y presas. Creo que realmente aquí el problema principal es que hay que entender que la violencia vicaria es una violencia basada en género (...) el vincular a los hombres en este tipo de violencia quita realmente la naturaleza y la razón principal por la cual nosotros queremos que este proyecto tenga ese reconocimiento”, dijo la representante.

Sobre el avance de los dos proyectos y la posibilidad de unificarlos, Vásquez aseguró que a pesar de que tienen el mismo fin la diferencia la hace el tipo de reconocimiento y no se podrían unificar porque uno entró por Cámara y el otro por Senado.

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“Ya cuando se radica la primera ponencia de los proyectos, no pueden ser unificados. Son naturalezas completamente distintas”, le dijo a este diario la representante.

Además, manifestó que recientemente hicieron una mesa para hablar sobre los proyectos y lograr que avancen, pero no han podido por los debates de iniciativas del Gobierno.

Por su parte, la senadora conservadora le dijo a este diario que dentro de su proyecto sí está reconocer la violencia como de género. Sin embargo, manifestó que no se puede desconocer que los hombres también pueden ser víctimas así sean menores casos.

“Nosotros entendemos que esto afecta mayoritariamente a las mujeres, son las mujeres las que más sufren de este tipo de violencia, pero no podemos desconocer ni dejar desamparados esos casos donde se utilizan a los hijos pero para ocasionar daño a los hombres y en eso tenemos que ser juntos”, aseguró Nadia Blel.

Y agregó: “En el proyecto de nosotros está como violencia de género en lo que se diferencia es que nosotros cuando ya hablamos de la conducta punitiva, hablamos de la persona independientemente de que sea hombre o mujer (..) cuando ya nos pasamos al ámbito penal, en el código penal uno nunca habla del hombre o la mujer, uno habla de la persona”.

La senadora también aseguró que están pensando para tercer debate que penalmente se establezca un aumento de penas, como una agravante punitiva y no como un delito solo.

MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE

Redacción Política