Congreso aprueba eliminación de casa por cárcel para corruptos

Esta semana, durante las sesiones extras, se debe realizar la conciliación de lo aprobado.

Juan Francisco Valbuena

16.12.2019 16:14 Actualizado: 17.12.2019 12:48

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Luego de varios meses de tránsito por el Congreso, este lunes finalmente fue aprobada la eliminación de la casa por cárcel para los funcionarios condenados por delitos de corrupción, uno de los puntos claves en la lucha contra este flagelo.

Con una votación abrumadora (89 votos por el sí y ninguno en contra), la plenaria del Senado le dio último debate a un proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional en septiembre del año pasado y que hasta hace algunos meses había pasado casi inadvertido en el Capitolio.

La cárcel efectiva para los condenados por corrupción y la imposibilidad de contratar con el Estado fueron el punto dos de la consulta contra esta problemática de agosto de 2018, en la que participaron más de 11 millones de ciudadanos y que fue impulsada por la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano, y la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López.

En junio pasado, esta posibilidad se hundió en el Congreso en medio de un escándalo en el cual el Senado y la Cámara se culparon mutuamente por el archivo de esta disposición.

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Para la senadora Angélica Lozano, hoy día “hay funcionarios de altísimo nivel, de ‘cuello blanco’, que pasan su condena en una base naval, en el Club Militar, en una escuela de policía, y resulta que esas instalaciones no son para eso”, afirmó.

“Lo que hace este artículo es eliminar esa posibilidad de privilegio, porque no la tiene el ciudadano que comete un delito, al que sí le toca La Picota o La Modelo. En adelante, esos de ‘cuello blanco’ deberán estar en una cárcel normal”, agregó la congresista de la Alianza Verde.

Los delitos

Con el proyecto aprobado, los delitos por los que los funcionarios tendrán que pagar cárcel efectiva serán peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, entre otros.

Adicionalmente, cuando haya tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal, amenazas a testigo, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.

Inhabilidades

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que otro punto aprobado este lunes tiene que ver con las inhabilidades que tendrán las empresas que hayan sido sancionadas por delitos de corrupción y lo que pasará con sus contratos con el Estado.

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“Una vez que una persona jurídica (empresa) quede incursa en actos o en hechos de corrupción probados se le declarará la caducidad del contrato y no tendrá derecho a indemnización ni a cederlo a cambio de un beneficio económico”, aseguró la ministra.

Con esto se evitaría que el Estado tenga que pagar indemnizaciones a empresas sancionadas por corrupción y a las cuales, posteriormente, se les declare la caducidad del contrato con el Estado.

Hay funcionarios de altísimo nivel, de ‘cuello blanco’, que pasan su condena en una base naval, en el Club Militar, en una escuela de policía, y resulta que esas instalaciones no son para eso

La iniciativa superó este lunes su último debate en el Senado, pero todavía le resta un paso para salir del Congreso: la conciliación con el texto aprobado en la Cámara de Representantes, la cual deberá hacerse esta semana en el marco de las sesiones extraordinarias a la que fue convocado el Congreso.

Cabe aclarar que existe otro proyecto de ley, impulsado por la Fiscalía General de la Nación, que también propone la eliminación de la casa por cárcel para los corruptos, pero -adicionalmente- crea nuevos delitos contra este flagelo y eleva penas para estas faltas. Esta iniciativa sigue en tránsito en el Capitolio, donde todavía le restan dos debates.

Las extras

Precisamente, este lunes, durante el último día de trabajo ordinario de este periodo de la legislatura, el Gobierno Nacional formalizó la citación a sesiones extras, en las cuales el principal tema será el proyecto de ley de crecimiento económico, también llamado reforma tributaria.

Mediante el decreto 2277, firmado por el presidente Iván Duque y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el Ejecutivo hizo la convocatoria al Legislativo hasta el próximo viernes.

La meta de las extras es lograr la aprobación de cuatro proyectos de ley –además de la reforma tributaria–, los ascensos militares y una sesión de la comisión de Crédito Público.

Tal como lo había informado EL TIEMPO hace dos semanas, el cronograma para esta reforma es votar el proyecto entre hoy y el jueves en las plenarias de Senado y Cámara, las cuales sesionarán por separado.

Adicionalmente, el Gobierno incluyó otro que crea exenciones tributarias a raíz de la celebración de la Copa América, torneo internacional de fútbol que se realizará en el país el próximo año.

De igual forma, se incluyeron la iniciativa que crea el registro nacional de obras civiles inconclusas de las entidades estatales y la que obliga a que la historia clínica de los colombianos esté en una base de datos para que pueda ser consultada por cualquier médico.

El propósito de las sesiones extras también es terminar de votar los ascensos militares, a los cuales les falta su paso por la plenaria del Senado, y que haya una sesión de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, la cual tiene una abultada agenda de temas.

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