¿Es viable implementar el voto obligatorio como lo propone Gustavo Petro?

¿Colombia va hacia la obligatoriedad del voto? Este es uno de los puntos clave, y a la vez polémico, de la reforma política del gobierno de Gustavo Petro.

La iniciativa, que esta semana fue aprobada en primer debate en la Comisión Primera del Senado, promete ser agitada en términos políticos pues ya varios congresistas sentaron su posición y el panorama no está claro en las discusiones que se vienen, tanto para este artículo como para los demás.

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No es la primera vez que en el país se ha intentado que el voto sea obligatorio. Una reforma constitucional impulsada durante el gobierno de Julio César Turbay lo planteó. Además, se buscó incluir en la Constitución de 1991, pero finalmente no se aceptó pues a los constituyentes no les pareció necesario. También fue incluido en posteriores reformas políticas, pero jamás ha prosperado.

Precisamente, esta semana se conoció una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para CM&, la cual indica que alrededor del 60 por ciento de los colombianos cree que el voto debe ser obligatorio.

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Pero más allá de la discusión política, ¿es viable que nuestro país implemente el voto obligatorio como otros de la región, entre ellos Argentina, Brasil y Chile?

Sobre el papel, y en lo teórico, es un escenario ideal porque podría combatir la compra de votos y el clientelismo, que están entre los principales lunares de nuestra democracia.

Aunque no es nada fácil en la práctica. Según analistas políticos, a los colombianos no les gustan las imposiciones y es complejo implementarlo.

Para Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario y experto en temas electorales, “existen muchas ventajas teóricas” de este mecanismo.

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Menciona, por ejemplo, que puede ser un método eficaz para luchar contra las prácticas electorales corruptas, la compra de votos y el clientelismo “porque al aumentar la base de los votantes esas prácticas no son tan rentables”.

Señala, además, que quienes resulten electos fue porque una verdadera mayoría los escogió. Y argumenta que habría una especie de igualdad en la sociedad.

Explica que el mayor porcentaje de abstención está en las regiones más pobres, así que la obligatoriedad “podría ayudar a obligar a los políticos a prestar atención a esos públicos que ya están en situaciones desfavorables e, incluso, a los candidatos a ponerles más atención, lo que no es el caso actualmente en la medida que no votan”.

Pero en la práctica se complica su implementación y lo académico no es tan viable. “Jurídicamente es válido, políticamente es bueno, pero colombianamente es muy malo”, señala David Roll, director del grupo de investigación de Partidos Políticos de la Universidad Nacional.

El experto asegura que al colombiano no le gusta el voto obligatorio –él no cree en el resultado de la encuesta– y dice que no puede ser ley hasta que no se haga una pedagogía real.

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Por eso plantea que, por ejemplo, podría probarse un periodo en Bogotá para ver qué resultados se obtienen y cómo será la aceptación.

“El colombiano no lo ve como un deber”, aclaró Roll, e insiste en que antes de llevar una norma de este tipo al Congreso tiene que ser muy discutida nacionalmente “y que a la gente le vaya gustando”.

Además, a Basset le preocupa cómo hacer que realmente sea obligatorio. Por ejemplo, se pregunta si el Estado garantizará esta obligatoriedad cuando no hace que los conductores paguen el Soat, por ejemplo. “Me parece complicado implementar esta medida y forzarla realmente con el sistema de multas”.

Ambos académicos coinciden en que hay buenas intenciones en este punto de la reforma, pero el Estado no está preparado para hacerlo y es algo que se debe ir trabajando durante varios años.

Un caso complejo, por ejemplo, puede ser en las zonas más afectadas por el conflicto. Allí, las personas, en varias oportunidades, no salieron a ejercer su derecho al voto durante varios comicios por presiones de los grupos armados. O, por el contrario, salieron a votar obligados por los mismos actores ilegales.

“Es difícil decirle a la población de esta zona que tiene que ir a votar obligatoriamente cuando durante muchísimos años esta gente no fue a votar porque el Estado no les garantizaba la seguridad para poder ir a votar. Ellos no salían a votar sencillamente porque tenían miedo de los hechos de violencia que podían ocurrir en los días de elecciones”, rememoró el académico Basset.

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Sin embargo, Roll señala que sí es posible implementar la obligatoriedad y pone como ejemplo el umbral, rechazado al principio, pero finalmente aceptado porque el país comprendió que era necesario para tener partidos más sólidos.

“Sí hay muy buenas razones para establecer el voto obligatorio, hay también razones prácticas que nos deberían llevar a ser bastante prudentes”, remató Basset, quien es escéptico de su aprobación.

MATEO GARCÍA

Redacción Política

En Twitter: @teomagar