'Las mesas de diálogo deben ayudar a que los alcaldes podamos volver': alcalde de Tibú

Nelson Leal, alcalde de Tibú (Norte de Santander), tuvo que huir hacia Cúcuta desde el pasado 10 de marzo. Lleva casi dos meses gobernando a distancia, pues tuvo que irse tras recibir amenazas por parte de los grupos armados que hacen presencia en el municipio.

En entrevista con EL TIEMPO, habla sobre cómo ha hecho para adelantar su gestión y dice que en la mesa de diálogo que se adelanta con el Eln - y próximamente con las disidencias-  se debería ayudar a que alcaldes como él y el de Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar (Chocó) y Puerto Guzmán (Putumayo) puedan volver a sus territorios. 

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Yo me fui el 10 de marzo de 2023. Hace ya aproximadamente dos meses llegué a Cúcuta y cuando me estaba trasladando desde Tibú me hurtaron mi vehículo de mi esquema de seguridad y con elementos de mis escoltas de la UNP. En el caserío de la Soledad fue el hurto. Luego de que nos interceptaron, nos dirigieron a una parte que llama La Libertad, una vereda. Ahí sí es donde nos despojan nos agreden verbalmente y nos dejan tirados en plena carretera.

Fue duro porque iba con mi familia: mi esposa, mi hijo de 13 años y una sobrina. Ellos entraron en shock. No me agredieron físicamente, pero sí verbalmente con palabras fuertes. Eso causa mucha rabia e impotencia de ver que no respetaron la presencia de mi familia. Desde ese día estoy en Cúcuta.

Sí, la UNP a los 10 días me puso los elementos de mis escoltas y a los 15 días me dieron el vehículo blindado. Ya tengo todo, estoy en Cúcuta con mi esquema de seguridad.

Yo vengo sufriendo de amenazas y problemas de orden público desde el 2021. Ya me han robado dos vehículos. El 10 de marzo fue el último que me hurtaron y también me han hecho amenazas fuertes. Me hicieron un estudio de seguridad y determinaron que no podía volver a Tibú porque estaba expuesta mi vida.

Mi hijo, el mayor, era gestor social de la Alcaldía Municipal de Tibú y en junio de 2022 me tocó sacarlo del municipio y aprovechando que él tenía una visa estudiantil lo mandé a Estados Unidos. Hoy en día está allá como refugiado.

Desde que uno entra como alcalde lo enmarcan a uno como como lo peor, entonces lo tratan de vender ante los grupos armados como el peor funcionario y todos los problemas están en conocimiento de esas estructuras. Dentro de la función pública hay unos limitantes y eso les causa molestia a ellos (los grupos armados ilegales) y por eso lo declaran a uno como objetivo y no le dan la potestad de seguir trabajando para el pueblo.

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Hace unos 10 días volví al municipio, pero asesinaron al líder social Sergio Castro el jueves 18 de mayo a las 9:40. Él hacía parte del Pacto Histórico y era bastante fuerte en declaraciones que hacía contra la istración y videos en contra mía. La persona que lo asesinó aprovechó que yo bajé el miércoles 17 de mayo a Tibú y el 18 hacen este asesinato. El viernes me tuve que devolver por cuestiones de seguridad porque los malos comentarios de personas ajenas a la paz me estaban involucrando a mí en esa muerte.

Hay problemas internos con un detrimento patrimonial con el acueducto del corregimiento de Campo Dos. Yo soy heredero de lo que viene funcionando mal y lo que tengo que hacer es corregirlo. Eso he estado haciendo porque los servicios públicos son responsabilidad del alcalde ya que dentro de la Ley 142, yo soy el que tiene la potestad de estos.

Había una serie de amenazas porque supuestamente yo iba a vender las empresas municipales de Tibú y del corregimiento y eso era mala información de personas ajenas a mi posición política. Todo esto lo llevan a espacios donde no tienen que llevarlo, es decir, los grupos armados. Ellos tienen el control de la zona y tratan de hacer justicia llamando al alcalde a rendir cuentas. Eso no solo pone en riesgo mi vida como alcalde, sino la de mis seres queridos.

El frente 33 de las Farc y el Eln. Pero además hay bacrim, grupos delincuenciales que operan en la zona porque además de esto Tibú es un municipio que tiene 95 de kilómetros de frontera con el estado de Zulia (Venezuela). Esto hace difícil que la Policía y el Ejército mantengan un control permanente de la zona. Es por esto que se generan estos espacios de violencia en el territorio porque para que el Estado tenga control tiene que haber por lo menos un soldado o Policía a cada 20 o 30 metros para poder dar la seguridad en territorio.

Despacho a través de la virtualidad. Los consejos de seguridad me toca por zoom o meet. Es complejo porque si uno no está pendiente de todos los temas que pasan en el territorio, pues es difícil.

Lo otro es que la presencia de un alcalde es muy importante porque es la presencia del Estado y más en municipio como el nuestro donde se ha perdido la institucionalidad en territorio.

En el 2021 nos mataron la fiscal de la Fiscalía General de la Nación y se acabó la Fiscalía; no tenemos juzgado, no tenemos defensoría del pueblo, no tenemos oficinas de derechos humanos, no tenemos una oficina de trabajo, las comisarías de familia son muy pequeñas. Necesitamos una amplitud también del ICBF. Son muchas instituciones que hoy hemos perdido y otras que necesitan reforzarse para poder tener esas herramientas para poder gobernar en territorio.

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Es complejo, pero hemos aprendido también que en la virtualidad también se puede trabajar. Sin embargo, nuestros campesinos quieren ver al alcalde y contarle sus necesidades, entonces algunos vienen a Cúcuta, otros pueden entrar al despacho allá y hablo con ellos a través de reuniones virtuales.

Aico.

Es la idea. Todo depende el estudio de seguridad y de que los grupos armados que quieren levantarse de la mesa de diálogo con el Gobierno, no lo hagan. Puede ser que el Estado se siente y realmente se generen nuevamente esos espacios de diálogo y se permita que a través de la mesa se pueda ayudar a que los alcaldes volvamos a territorios.

Es importante poder desarrollar nuestra gestión y escuchar a la gente desde el territorio y no desde un sitio que no es el adecuado para ejercerlo, no porque no se pueda hacer, sino porque fuimos elegidos para estar en la alcaldía de cada municipio y eso es lo que le da la confianza a las comunidades.

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Con el presidente Gustavo Petro no hemos todavía ha tenido comunicación porque obviamente él tiene sus funciones, pero sí con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien estuvo aquí en la ciudad de Cúcuta visitando a los heridos del atentado terrorista que hubo en el municipio de Tibú el 24 de mayo, un hecho que todos repudiamos porque realmente fue injustificable. Estamos hablando de un proceso de paz, pero con un atentado de estos pues lamentablemente estamos dañando nuestra manera de dialogar.

Estuve muy decepcionado y sentí una gran tristeza de ver que el municipio se está devolviendo años atrás. Volvimos a las bombas, a los atentados, a los francotiradores, a lo que no teníamos que volver. En el Catatumbo todos estamos cansados de la violencia. Necesitamos una paz, pero una verdadera donde se haya tejido social, donde haya perdón absoluto y no rencor ni odio.

Ese atentado fue en contra de la población: una muchacha perdió la vida y otra está gravemente herida. Gracias a Dios, el 24 de mayo no estaba funcionando una guardería que hay con 12 niños. Esa infraestructura quedó vuelta nada. Donde hubiesen estado esos niños allá, la situación hubiera sido peor. Estos hechos son injustificables cuando se está haciendo un proceso de paz acorde a lo que el presidente Petro ha mencionado a diario.

El Gobierno, el Eln y las disidencias deben hacer una mesa de diálogo no en el exterior, sino en las regiones donde realmente está el problema. Lo anterior para que nuestros campesinos, líderes sociales, presidente de juntas, firmantes de paz que están allí en territorio puedan verificar realmente el proceso, ver qué es lo que se está negociando y así blindar el proceso. Lo otro es que tenemos que estar enterados los alcaldes y los líderes sociales sobre qué se está negociando para así llegar y decirle al gobierno nacional: Bueno, aquí tienen que comprometerse y hacerles cumplir. Todos tenemos que blindar el proceso porque es bueno para el país, pero tiene que hacerse bien estructurado. Debe haber una responsabilidad y respeto hacia el proceso.

La falta de Estado y de oportunidades hace que se juegue con las oportunidades de la gente. Hay muchos jóvenes que quisieran, por ejemplo, seguir estudiando o tener la oportunidad de ir a un colegio o hacer una carrera técnica o tecnológica, pero no la hay. Por el contrario, sí hay  unas actividades ilegales como la hoja de coca, la ilegalidad de la gasolina o la ilegalidad de hidrocarburos, entonces los jóvenes ven esas oportunidades de volverse ricos a través de estas economías que son ilegales y no le apuestan al esfuerzo porque dicen: ¿Para qué estudio si no tengo la oportunidad de hacerlo en una universidad? Es bastante complejo.

Además, llega un grupo, mata a los padres y deja a los niños huérfanos. Esos muchachos crecen con la mentalidad de venganza y odio. Cuando están grandes, quieren volverse paramilitares y cuando los paramilitares matan a otros padres, entonces esos hijos quieren ser de la guerrilla y así. Debe haber espacios donde realmente haya perdón.

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Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA