Las preocupantes dinámicas que usan grupos armados en el país, según informe de la OEA

En el documento manifiestan su respaldo a la política de 'paz total' que ha impulsado el gobierno del presidente Gustavo Petro. También instan a los grupos armados ilegales a "comprometerse con esta oportunidad única de diálogo, así como a cesar los ataques contra la población civil y los actores humanitarios".

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En uno de sus apartados, sin embargo, expresan su preocupación por las dinámicas que están implementando los grupos ilegales para afectar a la población civil en distintos departamentos de Colombia. 

Señalan, por ejemplo, que estos grupos en Antioquia, Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, "continúan limitando la movilidad terrestre y fluvial entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. Si bien en algunas regiones la franja horaria es más amplia, la mayoría coinciden en que está prohibido transitar en las horas de la noche", exponen. 

Reseñan que en Anorí y Campamento en Antioquia, y en la región de la Cordillera de Nariño, el Estado Mayor Central FARC-EP instala vallas en las que fijan normas de tránsito como el control de velocidad, la restricción al uso de cascos para motociclistas y de vidrios polarizados, así como la obligación de mantener las ventanas de los vehículos abajo durante su desplazamiento por el área rural.

Dicen que, además, persiste la obligatoriedad de afiliación a las Juntas de Acción Comunal (JAC), la participación en actividades comunitarias y la carnetización de la población. "Esta última es corroborada por los grupos armados ilegales en puestos de control para identificar y limitar a quien transita por el área rural.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia explica que del Clan del Golfo en Córdoba "limitaron el uso de prendas de vestir de color rojo y verde oscuro, y elementos que cubran el rostro como gorras y gafas". 

Señalan además que en Cauca y Nariño, el Estado Mayor Central FARC-EP exige una carta de autorización firmada por el comandante del grupo armado ilegal para ingresar a los territorios, "que se suma a los requisitos que ya existían de porte del carné y pruebas clínicas de enfermedades de transmisión sexual". 

En el documento, exponen que en Santa Rosa del Sur en Bolívar, el Estado Mayor Central FARC-EP amenazó a directivos de instituciones educativas rurales para que cubran las plazas docentes vacantes, señalando que, de no hacerlo, designarían a alguien para dicha función.

"Por su parte, en el Bajo Cauca antioqueño, las AGC restringieron los horarios de movilidad por los ríos, impactando la asistencia a clases de estudiantes que residen en el área rural y están matriculados en los cascos urbanos", dicen. 

Ahora bien, mencionan que en el Catatumbo, el Estado Mayor Central FARC-EP está "conduciendo, contra su voluntad, a personas consumidoras (generalmente adolescentes y jóvenes) a sitios destinados a realizar acciones de “resocialización”". Agregan que esto implica el desarrollo de trabajos forzados no remunerados durante semanas o meses, además de la obligación de desintoxicarse. "Para ser liberadas, deben comprometerse a no recaer en el consumo bajo la amenaza de desplazamiento forzado u homicidio", sostienen. 

En Guaviare, por ejemplo, encontraron que las disidencias de las Farc imponen medidas de regulación ambiental al restringir la caza, la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas, la apropiación de terrenos baldíos y la explotación de recursos maderables en áreas protegidas. "El incumplimiento puede llevar al pago de multas que llegan a los $10.000.000 de pesos o al uso de la violencia física", aseveran.

Ahora bien, en Tibú, en Norte de Santander, dicen que el Frente 33 de las disidencias censó a los establecimientos comerciales de las zonas urbanas, para controlar con mayor precisión el pago de extorsiones. "El incumplimiento de esta medida puede llevar al desplazamiento forzado, el cierre de los negocios o la amenaza a comerciantes de reclutar forzadamente a sus hijos e hijas", reseña el informe. 

Pero esa situación también se presenta en Buenaventura, donde Los Shotas y Los Espartanos realizan cobros sobre todo tipo de productos que se comercialicen en el puerto. Explican que, además, controlan el monopolio de diferentes suministros, por lo que los grupos armados ilegales prohíben a proveedores y comerciantes la compra a personas distintas a las autorizadas por ellos, imponiendo multas a quienes incumplen.

La semana pasada, hubo indignación en el país por la masacre de cuatro jóvenes indígenas. El crimen fue perpetrado por de las disidencias de las Farc y eso causó que el gobierno suspendiera el cese del fuego que se había pactado con esa guerrilla. 

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Precisamente, en el informe, hay un apartado que hace énfasis en la situación del reclutamiento y se menciona que "persiste la violencia contra niños, niñas y adolescentes ejercida por los grupos armados ilegales, principalmente, mediante el reclutamiento forzado, uso, utilización y violencia sexual". 

Dice el informe que esta población menor de edad, en territorios donde hay cultivos ilícitos, "encuentran en la recolección de hoja de coca una opción para adquirir bienes y servicios o para solventar necesidades económicas de sus núcleos familiares, impactando su escolarización y exponiéndolos a riesgos físicos y psicológicos". 

¿Cómo reclutan? El informe explica que los distintos grupos armados ilegales utilizan las mismas estrategias para acercarse o relacionarse con los menores, "pero difieren en los fines de su vinculación a las estructuras".

El Eln, en el departamento de Arauca y la región del sur de Bolívar, ronda las instituciones educativas, los hogares juveniles e incluso las viviendas, para reclutar forzadamente a niños y niñas desescolarizados. En Cumbal, en Nariño, ingresan a las instituciones educativas rurales durante las horas de descanso para instruir a menores

de edad en técnicas de manejo de armas, ofrecerles alimentos y dinero.

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Dicen que para el caso de las niñas y adolescentes, "la estrategia más común es el enamoramiento y la oferta de bienes o la financiación de fiestas de cumpleaños. En Catatumbo en Norte de Santander algunos jóvenes que desempeñan roles de mando al interior del Eln estigmatizaron a niñas menores de edad como consumidoras de drogas ilícitas, con el fin de aislarlas de sus comunidades y trasladarlas a campamentos del grupo armado ilegal". 

El texto reseña que en medio de estos reclutamientos una de las principales vulneraciones es que se separa al menor de edad de su núcleo familiar, "recurriendo a la falsa oferta de salarios o empleos en labores de recolección de hoja de coca, en municipios diferentes a su lugar de residencia. Una vez aceptan el ofrecimiento, son trasladados por el grupo armado ilegal con el fin de imposibilitar el o con sus familias, personas allegadas o cuidadoras".

La misión ha encontrado que las edades de los menores que son reclutados oscilan entre los 13 y 17 años. 

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Otro delito grave que han evidenciado es la violación sexual que ejercen de estos grupos. "En Unguía en Chocó, las AGC ofrecen dinero a los padres o personas cuidadoras de niñas y adolescentes a cambio de mantener relaciones sexuales con ellas. Tanto en este municipio como en Nechí en Antioquia, hay casos en los que algunas familias explotan sexualmente a sus hijas, argumentándolo como una opción para aliviar sus necesidades económicas". 

Mencionan que en la mayoría de los casos, las niñas y adolescentes, tras su explotación, retornan a sus hogares y retoman sus estudios sin que se presenten las denuncias respectivas y sin recibir acompañamiento, ni atención institucional de ningún tipo.

REDACCIÓN POLÍTICA