Tras atroz crimen de disidencias, paz total de Petro enfrenta otro desafío: ¿qué sigue?

El proyecto de 'paz total' del gobierno del presidente Gustavo Petro vive sus horas más críticas luego del crimen perpetrado por el llamado 'Estado Mayor Central' de las Farc (Emc-Farc).

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Según el relato documentado por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), cuatro jóvenes pertenecientes a la comunidad Guaquira, del pueblo indígena murui, fueron asesinados por el frente 'Carolina Ramírez' en Solano, Caquetá.

Los menores, de acuerdo con la Opiac, habían sido reclutados forzosamente por esa estructura y, tras intentar huir, fueron encontrados entre Caquetá y Amazonas, donde los mataron a sangre fría.

El Emc-Farc aseguró ayer que esa información no está confirmada, pero para el presidente Gustavo Petro es clara la responsabilidad de ese grupo. De hecho, afirmó que lo sucedido fue “un delito de lesa humanidad inisible” y una “bofetada a la paz”. Por lo anterior, el jefe de Estado ordenó ayer suspender parcialmente el cese del fuego que se había pactado con esa guerrilla en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, y anunció que el jueves se reactivarán las operaciones de ofensiva militar.

Analistas consultados por este diario coinciden en que esta decisión del Gobierno es la respuesta adecuada ante la acción criminal ejecutada por las disidencias comandadas por 'Iván Mordisco’. Aunque sectores de la oposición reparan que se tardó mucho en llegar.

Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), la suspensión del cese del fuego fue una "decisión correcta", pues lo ocurrido "muestra que estos grupos no tienen una capacidad de control y comando completa que evite la ocurrencia de este tipo de eventos que ofenden a todos los colombianos, a la humanidad".

En eso concuerda Jairo Libreros, analista político y docente de la Universidad Externado, quien señala que con la suspensión, Petro "demuestra una firme convicción en sacar adelante este proceso en el marco de la 'paz total' y que está dispuesto a tomar decisiones que pueden ser engorrosas y dificultar el trayecto".

(Vea acá la entrevista completa con el analista Libreros)

Resalta, además, que suspender el cese del fuego era el camino correcto porque la respuesta tiene que tener estándares más altos, ya que en este caso hubo "hostilidades en contra de la población que es objeto de protección por parte del derecho internacional humanitario", como es el caso de los niños indígenas.

Ambos expertos resaltan que no hay ningún tipo de razón para cometer este atroz crimen. "No hay justificación alguna en el marco de un acercamiento de la 'paz total', un cese del fuego bilateral era la única salida", dice Libreros.

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Restrepo, por su parte, enfatiza en que "los responsables primarios de haberle cerrado el espacio político a esta negociación son los grupos criminales violentos con este hecho".

Y es que con este grupo armado ya se tiene adelantado un proceso para iniciar los diálogos. Además, en abril se instaló un mecanismo para verificar el cese del fuego. Incluso, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, pese a lo sucedido, dijo que el Gobierno tiene la “disposición para iniciar la mesa de conversaciones a la mayor brevedad posible".

Pero de otro lado está la reacción de las disidencias de 'Mordisco', que en su comunicado tuvieron un tono distinto al decir que el Ejecutivo con “el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de 'paz total' ".

Este grupo armado ilegal con el que se suspendió el cese —tal como pasó con el 'clan del Golfo'— tiene presencia en varias zonas del país, especialmente en Putumayo, Caquetá, Meta, Arauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Valle y Cauca. Según un informe de inteligencia, 'Iván Mordisco' tiene en sus filas 2.149 personas armadas y otras 1.331 en las diferentes redes de apoyo, para un total de 3.480 integrantes.

Entre esos aliados está el frente 'Carolina Ramírez', al que le atribuyen la masacre de los cuatro jóvenes. En su núcleo más cerrado, esta facción tiene 150 personas, que se movilizan entre Amazonas, Putumayo y Caquetá, bajo las órdenes de alias Danilo Alvizú, quien se disputa el control territorial y el negocio del narcotráfico con los 'Comandos de la Frontera', aliados de la disidencia de 'Iván Márquez'.

En medio de esa confrontación, de acuerdo con reportes de la Defensoría del Pueblo, los disidentes de 'Iván Mordisco', pese a decir que quieren llegar a una paz, habrían cometido en los últimos meses 50 violaciones al derecho internacional humanitario, afectando a menores y el resto de la población civil.

Eso llevó a Carlos Camargo, defensor del Pueblo, a repudiar lo sucedido con los cuatro jóvenes, y a solicitarle al Emc-Farc "un compromiso real de paz", pedido al que se sumaron varios gobernantes como Juan Guillermo Zuluaga, del Meta.

De acuerdo con un informe de Cerac, el Clan del Golfo (88 acciones) y los grupos "pos-Farc" Jaime Martínez (20) y Dagoberto Ramos (10) son los grupos armados con el mayor número de violaciones o incumplimientos desde que inició el cese el 1 de enero de 2023.

Ahora bien, el reporte señala que han registrado 26 operaciones de la Fuerza Pública contra grupos armados en conflicto desde el inicio de los ceses el fuego bilaterales, "pero ninguna en contra de grupos que están o estuvieron en cese del fuego". 

Y señalan que, paradójicamente, en abril sí "se redujeron las violaciones o incumplimientos de los ceses del fuego con 10 acciones violentas atribuidas a los grupos en cese, frente a 25 registradas en marzo, 20 en febrero y 23 en enero". Pese a esto, la violenta masacre de los cuatro menores indígenas cambió todo el panorama. 

Si bien el Gobierno persiste en buscar una salida negociada, Camilo González, director de Indepaz, menciona que hay una "grave crisis" en el proceso que se quiere adelantar con las disidencias. Para él, los esfuerzos se deben centrar ahora en nombrar delegados, activar mecanismo de verificación e incluir de manera clara el cese de hostilidades.

El director del Cerac, por su parte, dice que hay que persistir en el diálogo, pero señala que es necesario corregir aspectos. Expone que se debe acelerar el trámite del proyecto de sometimiento a la justicia en el Congreso: "Eso va a definir gran parte de los incentivos para negociar", y enfatiza en que el Gobierno tiene que ser más efectivo para combatir a este grupo.

Para él, lo más importante es robustecer la delegación que se conforme del Gobierno. Asevera que se necesita más voluntad política de diversos sectores, no solo la Iglesia, y explica que deberían estar involucrados "gremios de la producción, empresarios, universidades, académicos, centros de estudio independientes. Pero para eso se requiere que el Gobierno Nacional escuche".

Libreros tiene otra lectura porque considera que el Emc-Farc no tiene voluntad de negociar y, por el contrario, solo le interesa fortalecer sus rutas del narcotráfico y ampliar sus bases militares. Agrega que esta situación es un punto de inflexión, pues "este puede ser el primer descalabro fuerte y muy sentido de la política de 'paz total' que puede echar al traste toda esta iniciativa, que es fundamental".

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AURA SAAVEDRA - REDACCIÓN POLÍTICA

CARLOS LÓPEZ - REDACCIÓN JUSTICIA