El ruido político y jurídico que genera el regreso de Armando Benedetti al Gobierno

El polémico regreso de Armando Benedetti al Gobierno, cuando aún siguen sin aclararse las palabras del exsenador sobre la supuesta financiación irregular de la campaña del Pacto Histórico en 2022, tiene de entrada dos consecuencias.

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Primero, desactiva definitivamente para el Gobierno una potencial fuente de situaciones problemáticas con un hombre que fue clave para el triunfo en las presidenciales. Y, segundo, beneficia judicialmente a Benedetti porque las investigaciones en su contra en la Corte Suprema, que se habían reactivado cuando salió de la embajada en Venezuela en medio de la agria pelea con Laura Sarabia, podrían volver casi a ceros por cuenta de un nuevo cambio en su fuero legal. Además, cuando ya la Corte está en proceso de elegir nueva fiscal de entre las tres ternadas por el presidente Gustavo Petro.

El viernes 2 de febrero, 246 días después de que el presidente Gustavo Petro anunció la salida del polémico exsenador de su gobierno, fue publicada su hoja de vida en el sitio web de Presidencia. Esto se traduce en que su nombramiento es inminente y el último trámite pendiente para su regreso al Gobierno es la expedición de un decreto.

Quien fue embajador en Caracas llega a una embajada que estaba inactiva hace 20 años: la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con sede en Roma (Italia). Ciudad en la que, además, hay otros dos embajadores: ante la Santa Sede y ante Italia.

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Las esquirlas de la decisión, en todo caso, podrían llegar hasta el mismo Gobierno. El regreso de Benedetti a las mieles de la diplomacia no cae necesariamente bien en el entorno de Laura Sarabia, la actual directora de Prosperidad Social y mano derecha del presidente Petro a la que el nuevamente embajador maltrató verbalmente en repetidas oportunidades, como quedó en evidencia con la filtración de varias de sus conversaciones del año pasado.

Y menos aún en el de Álvaro Leyva, el suspendido pero aún en el cargo ministro de Relaciones Exteriores, que siempre chocó con Benedetti cuando este fue embajador en Venezuela y quien en su momento lo trató de “drogadicto”.

El nombramiento generó bastante ruido y más porque se da en medio de procesos judiciales. “El nombramiento es una ‘jugadita’. ¿Por qué Petro y Leyva lo nombraron en la FAO y no en Italia? ¿Por qué abrieron dos Misiones en Roma para atender lo que actualmente atiende una sola, la de Italia? Pues porque la FAO es una Agencia de la ONU que no necesita beneplácito. Dados los antecedentes judiciales, sería muy difícil hoy que un país como Italia, como Francia, como EE. UU., le otorguen el beneplácito a Benedetti”, opinó el exsenador uribista José Obdulio Gaviria.

Benedetti, incluso, llegó a sonar para el Ministerio del Interior, pero finalmente el jefe de Estado consideró que debía estar fuera del país.

El viernes, además, poco después de que se confirmó la designación, se conoció que Benedetti fue citado a ampliación de indagatoria en la Corte por el escándalo de Fonade.

En ese tribunal tiene además una investigación por concusión relacionada con la supuesta exigencia de coimas en 2010 a maestros de la Costa para agilizar el pago de pensiones de la Fiduprevisora.

También le figuran cuatro procesos remitidos por la Fiscalía cuando salió de la embajada de Caracas: uno relacionado con sus declaraciones sobre la supuesta financiación de la campaña Petro Presidente, uno por enriquecimiento ilícito, otro por supuesta financiación ilegal de sus campañas al Congreso y uno más por supuesto interés indebido en la contratación pública.

En el 2022, cuando la magistrada Cristina Lombana tenía casi definida una orden de captura en su contra por el caso de enriquecimiento ilícito, su nombramiento como embajador en Venezuela frenó los procesos. Como pasó a ser embajador, la Corte decidió remitir sus casos a la Fiscalía. Esto porque, a diferencia de los congresistas, a los diplomáticos los investiga una Fiscalía delegada y, en caso de llegar a juicio, este se realiza en la Corte Suprema de Justicia.

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En julio de 2023, cuando Benedetti salió del cargo diplomático, cuatro procesos que estaban en la Fiscalía pasaron a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Precisamente, el proceso que se le sigue por enriquecimiento ilícito de servidor público fue en el que la corporación aceptó –en octubre pasado– una de las cinco recusaciones que presentó el hoy embajador en contra del despacho de la magistrada Lombana.

A la Corte también llegó el caso relacionado con financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Este se abrió luego de los audios que Benedetti dirigió a Sarabia Torres. El proceso está en indagación.

También está en el alto tribunal el proceso por delitos contra mecanismos de participación democrática. Se indaga sobre posibles actividades ilícitas tales como la financiación de campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y financiación de grupos ilegales, y un cuarto caso relacionado con interés indebido en celebración de contratos.

Este último se relaciona con los hechos asociados a la presunta desviación de recursos e irregularidades en la contratación en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Estos casos pasaron a manos de la Fiscalía cuando Benedetti perdió el fuero constitucional al ser nombrado embajador en Venezuela a finales de 2022. Sin embargo, en julio de 2023, al momento de dejar de ejercer como diplomático, se revivió el fuero, toda vez que los hechos investigados se habrían cometido mientras se desempeñó como senador de la República. Así, los casos se fueron de nuevo a la Corte.

Con la decisión del presidente Petro, los magistrados de la Sal de Instrucción tendrán que decidir si devuelven lo actuado a la Fiscalía. Penalistas como Diego Gutiérrez y Diego Suárez, consultados por este diario, coinciden en que el paso que sigue debería ser la entrega de los expedientes. “Se volvería al mismo estatus de antes”, aseguró Gutiérrez.

En todo caso, la Corte deberá revisar cada uno de los casos y tomar sus determinaciones. En el pasado, cuando la renuncia a las curules se convirtió en una puerta de evasión para los procesados por la ‘parapolítica’, los magistrados decidieron conservar algunos casos en los que el delito estaba intrínsecamente unido a la función de congresista.

REDACCIÓN POLÍTICA