El Gobierno le mete la presión de la calle al debate de sus reformas en Congreso

Las calles del país serán escenario esta semana de una situación inédita. El presidente Gustavo Petro ha convocado a sus seguidores a que lleguen este martes 14 de febrero a las principales plazas en apoyo a su paquete de reformas sociales, empezando por la polémica reforma de la salud. Dicha convocatoria ha sido recibida desde varios sectores, incluidos algunos congresistas de la coalición oficialista, con reservas, pues advierten que podría implicar una presión indebida sobre la independencia del Poder Legislativo.

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Y el miércoles de nuevo habrá marchas, pero esta vez serán las de la oposición, en rechazo a los proyectos impulsados por el Gobierno.

Precisamente sobre las manifestaciones, Petro endureció su discurso ayer. “Tenemos que andar más rápido que las instituciones mismas. No crean ustedes que los cambios se van a producir si nos quedamos sentados en la esquina, en el corredor de la casa, mientras por allá, en el Congreso, unos señores de corbata definen nuestro destino”, dijo desde San Benito Abad (Sucre).

También manifestó que “los cambios van a llegar y van a ser profundos si la sociedad que los necesita sale a la calle”. Minutos después, desde su cuenta de Twitter, aseguró que el día de la movilización, estará en el balcón del Palacio de Nariño.

Hace una semana, en uno de los momentos más álgidos de la polémica por su reforma de la salud, aseguró que los votos que recibió en la segunda vuelta y con los que se convirtió en Presidente suponían una aprobación de facto a su propuesta. “Por esta reforma votaron 11,5 millones de colombianos y colombianas”, trinó.

Fue una salida que generó polémica porque supondría la prevalencia de una suerte de democracia plebiscitaria que no corresponde con la institucionalidad colombiana y que, además, en la misma línea del argumento del Presidente, implicaría que el Gobierno y el Congreso no tienen en cuenta los derechos y voces de 10,6 millones de colombianos que también llegaron a las urnas en segunda vuelta y que no votaron por Petro.

La estrategia de meterle la presión de la calle al Congreso divide hasta en el Pacto Histórico. David Racero, presidente de la Cámara, ha sido uno de los principales convocantes. Pero Roy Barreras, el presidente del Congreso y la figura política más importante del Pacto después de Petro, tiene otra lectura: “Es un modelo político que tiene unos orígenes respetables, con tradición. En la historia de la humanidad distintos dirigentes han apelado a la movilización directa. Ese modelo, en mi opinión, no construye soluciones”, dice. Y en diversos escenarios ha llamado al Gobierno a que deje que el Congreso haga su trabajo sin interferencias.

Un mensaje que, en todo caso, no ha calado en el Presidente. “Acompáñame este 14 de febrero. Que la salud sea para todo el pueblo colombiano, que la salud sea para Colombia. Desde la plaza de Bolívar de Bogotá hablaré a Colombia reunida en todas las plazas públicas del país. Llegó el cambio y sus reformas”, manifestó Petro en uno de sus trinos.

A los llamados por Twitter se han sumado además las cuñas radiales pagadas en las que se promueve la convocatoria a las plazas este martes. Se trata de una paradoja porque el jefe del Estado quiere que la gente salga a apoyar unos textos que, hasta el cierre de esta edición, eran desconocidos para la mayoría.

Desde la oposición, las críticas son por supuesto duras. “Esto es puro populismo”, comenta la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Ella, como otros parlamentarios, considera que Petro debe tratar de sacar adelante y de manera tranquila sus propuestas en un Congreso en el que, además, tiene mayorías.

“Es una invitación a la confrontación”, agrega Óscar Villamizar, representante del CD. Villamizar recuerda que la fecha del 14 de febrero era la que habían promovido hace varios meses desde la oposición para las marchas contra el Gobierno, y que sorpresivamente el Presidente empezó a llamar a sus bases a movilizaciones en su favor para ese mismo día. Para evitar choques, indica, se vieron obligados a correr la fecha de sus manifestaciones.

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Analistas señalan que la convocatoria de Petro tiene pocos antecedentes en la historia del país, pero también marcadas similitudes con lo que en su momento el expresidente Álvaro Uribe Vélez llamó el ‘estado de opinión’ como “fase superior al Estado de derecho”. Básicamente lo que planteaba Uribe, quien por entonces campeaba en las encuestas, era que las decisiones legislativas debían tener en cuenta las tesis imperantes en la opinión pública.

Tres décadas después, la tesis de Petro es que si esa opinión pública se expresa masivamente en las calles debería ser acatada por el Legislativo.

Yann Basset, doctor en Ciencia Política, dice que cuando Uribe quería imponer sus reformas con el apoyo de la gente era muy popular. En cambio, considera que las reformas de Petro —en especial la de la salud— no tendrían un apoyo masivo. “En este caso, yo incluso lo veo como un gesto de debilidad del presidente Petro: al no lograr transmitir que la reforma es la adecuada, ve que se le puede enredar en el Congreso y decide pedirle a la gente que lo acompañe”.

El también analista Andrés Dávila anota que esta propuesta de Petro se enmarca en el estilo del primer gobierno de izquierda en la historia del país, en el que los símbolos son fundamentales. Petro, cuya llegada a la Presidencia se sustentó en buena medida en la explosión social que se manifestó en las calles en 2020 y 2021, apela de nuevo a ellas cuando sus propuestas bandera, como la de la salud, no tienen el éxito asegurado en el Congreso debido a múltiples reparos.

En sus momentos críticos, como cuando fue destituido de la Alcaldía de Bogotá por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, Petro convoca a sus bases. En ese momento se subió al balcón del Palacio Liévano para, desde allí, hacer su defensa, que además incluyó las polémicas ‘tutelatones’ con las que entró y salió del cargo varias veces en apenas semanas.

Para las movilizaciones de este martes es incierto, sin embargo, el resultado. “Petro construyó su capital electoral sobre la base de mover las masas en las calles y en las plazas públicas, así que es apenas consecuente que llame a la gente a apoyar las reformas porque para él parecen ser muy importantes los golpes de opinión, y sobre estos ha gobernado en estos seis meses”, dice la analista Daniela Garzón.

Pero advierte que con la estrategia de “crearle presión al Congreso para aprobar las reformas” se abren escenarios complejos. “Si hay una convocatoria grande de la marcha —comenta—, es posible que empecemos a ver una democracia plebiscitaria sobre la cual no hay antecedentes” y que, en todo caso, resulta nociva para el Estado de derecho y la separación de poderes. También podría haber riesgo para el Ejecutivo, pues dice que “si la convocatoria es poca, quedará en evidencia que se están sintiendo los efectos de pasar de ser oposición a ser gobierno y que las altas expectativas creadas se han ido desinflando”.

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En los últimos cuatro meses, según la encuesta Pulso País de la firma Datexco, la imagen favorable del Presidente cayó 11 puntos, hasta el 43 por ciento. Y en cuanto a la aprobación de su gestión, solo el 39 por ciento de los encuestados está de acuerdo con lo que está haciendo Petro, mientras que el 51 por ciento lo desaprobó. Con respecto la medición anterior de la misma encuesta (octubre), dicha aprobación cayó 9 puntos.

La polémica sobre la estrategia de presionar al Congreso con las convocatorias populares también genera tensiones en el mismo Gobierno, como pasa en la bancada del Pacto. En el gabinete hay ministras, como Carolina Corcho (Salud) e Irene Vélez (Minas), que son firmes defensoras de esa táctica y se sienten cómodas en el activismo político. Otros ministros, como José Antonio Ocampo en Hacienda, están por la vía de abrir el debate amplio en el escenario que se debe: el Congreso, donde él ya logró sacar adelante la reforma tributaria.

Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se reunió la semana que pasó con los presidentes, directores y representantes de cerca de 114 compañías estadounidenses que operan o invierten en Colombia. Les dijo que “hay debates durísimos en el interior del gobierno, entre los de canas y no canas. Los que tenemos canas preguntamos por el cómo”. Para González, el cómo es muy importante y cree que hay que confiar en las instituciones como el Congreso, que precisamente esta semana se vio alterado por un grupo de docentes del Cauca que intentó entrar a la fuerza para hacer valer sus reclamos sobre un mejor sistema de salud.

Ellos llegaron esta semana que termina y se instalaron en la plaza de Bolívar, justo a la entrada del Capitolio, al que intentaron entrar por la fuerza, sin éxito, el primer día.

Efraín Cepeda, dirigente del Partido Conservador, dice que su bancada no se va a dejar presionar por las marchas de derechas o de izquierdas. “En el partido, lejos de las presiones que ejerzan las marchas, tenemos las líneas azules frente a la agenda legislativa y eso lo vamos a hacer de manera independiente. Cada poder tiene su independencia, cada poder tiene su decisión libre y estoy seguro de que independientemente de las marchas, el Congreso tomará su decisión a la hora que radiquen las reformas. Tenemos que conocerlas”, apunta Cepeda.

La apuesta del Presidente es, entonces, grande. Y la hace en momentos en que tres altas funcionarias han dejado el alto gobierno. Se fue Concha Baracaldo de la dirección del ICBF, un cargo al que había llegado, según su propia confesión, sin ninguna experiencia y por ser amiga de la primera dama, Verónica Alcocer. Salieron las viceministras de Minas, Belizza Ruiz; y del Trabajo, Flor Esther Salazar. Las dos con hojas de vida de altísima calificación técnica y que dejaron sus cargos en medio de abiertas diferencias con sus jefas, Irene Vélez y Gloria Inés Ramírez, respectivamente, dos de las ministras que más comulgan con la idea de sacar la gente a la calle para presionar el éxito de las políticas del llamado ‘gobierno del cambio’.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, asegura que las movilizaciones son para “socializar” las reformas y que no constituyen ningún intento de presión indebida hacia un Congreso, que, afirma, tendrá todas las garantías (ver entrevista). Una posición que voces como la de Humberto de la Calle esperan que prevalezca tanto en el Gobierno como en la coalición. “Primero instituciones que caudillismo”, pide De la Calle.

ARMANDO NEIRA

Editor de Política

EL TIEMPO