'Decretazo' y constituyente: los riesgos que traerían para la democracia las dos nuevas jugadas de Gustavo Petro

Cada vez que el presidente Gustavo Petro le abre la puerta a convocar una asamblea nacional constituyente, se revive la escena en la que él, junto a Antanas Mockus y Claudia López —hoy contradictora del mandatario—, sostenían unas ‘placas de mármol’ con unas garantías que daría si ganaba la Presidencia en 2018. “No convocaré a una asamblea constituyente”, decía el segundo punto de los compromisos.

Pero hoy, cuando esa escena cumple casi ocho años, la convocatoria a una asamblea nacional constituyente volvió a estar en la agenda del presidente Gustavo Petro. Este miércoles, desde Cali, un par de horas después de firmar el ‘decretazo’ con el que convoca la consulta popular sobre la reforma laboral, desconociendo que el Senado ya había negado ese mecanismo, volvió a poner el tema sobre la mesa.

“El pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás. Todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán, porque el único soberano se llama el pueblo”, dijo el mandatario ante cientos de personas en la plazoleta San Francisco, mientras el Senado avanzaba en la discusión de la reforma laboral, cuyo archivo fue el motivo de la convocatoria a la consulta.

No es la primera vez que el jefe de Estado anuncia que acudirá a este mecanismo, que, según expertos, podría ser una caja de Pandora con reelección incluida, aunque el mandatario descartó la posibilidad de seguir en la Casa de Nariño y pidió “reelegir el proyecto político”.

En marzo de 2024, también desde Cali, el mandatario mencionó por primera vez la posibilidad de convocar al pueblo y modificar la Constitución Política, que tan solo tiene 34 años.

“No he hablado de una constituyente para cambiar la Constitución de 1991. Ese es el principal error de quienes, apresuradamente —algunos histéricamente—, han saltado a atacar la propuesta presidencial. Lo que tenemos que examinar es qué, del texto de la Constitución del 91, no se ha desarrollado: como la priorización del gasto en la educación de todos los colombianos; como la facilidad para hacer una reforma agraria. Lo fundamental está en lo que, en los últimos treinta años, los poderes constituidos no han podido desarrollar. Este tema tiene que ver con seis puntos fundamentales”, argumentó en su momento en entrevista con Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO.

En ese entonces, el jefe de Estado argumentó un supuesto bloqueo legislativo ante el lento avance de sus reformas. Unas semanas después, a pesar de las presiones, la Comisión VII del Senado hundió la reforma de la salud. Un par de meses después, la plenaria de la Cámara aprobó la reforma pensional, acogiendo el texto que el Senado había avalado previamente.

En esa oportunidad, la llegada de Juan Fernando Cristo al Gobierno contuvo los aires constituyentes y se comenzó a trabajar en un acuerdo nacional, que finalmente no llegó a ningún lugar, pero la palabra "constituyente" había desaparecido.

Pero ambos mecanismos, tanto la consulta como la constituyente, han sido vistos como una manera de presionar al Congreso para que saque adelante la reforma laboral tal y como el presidente Petro la quiere. Así lo mencionó cuando anunció la firma del decretazo, dando a entender que, si se aprueba la iniciativa según sus consideraciones, derogaría ese decreto que, según la mayoría de los expertos, es inconstitucional.

“Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente son respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes”, aseveró el mandatario.

En la misma línea se pronunció el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien dijo que “en caso de que el Senado apruebe la reforma laboral, se deroga el decreto” e insistió en un “acuerdo real”.

Una vez el mandatario le abrió la puerta a la Constituyente, comenzaron las críticas por esa jugada, ya que, en medio del atentado contra el senador Miguel Uribe, se venía cocinando un pacto político que, con el decretazo y la Constituyente, parece ahora más lejano.

“Tal parece que para Gustavo Petro ‘desescalar el tono’ y ‘bajar la agresividad’ es sinónimo de amenazar al país con una asamblea nacional constituyente si la Corte Constitucional muestra independencia”, aseveró el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático.

La senadora Paloma Valencia arremetió contra el exfiscal general Eduardo Montealegre, a quien acusó de pretender “con interpretaciones locas decirnos que puede brincarse la Constitución”.

Y los analistas también aseguran que hay una amenaza contra la democracia y la separación de poderes con el decretazo y la mención a la Constituyente.

“Ya el propio presidente Petro ha reconocido lo que muchos hemos advertido: que detrás del llamado a una consulta y los argumentos de ‘el pueblo’ viene una Asamblea Constituyente. Colombia debe resistir desde la institucionalidad este intento chavista de ruptura y autoritarismo”, opinó el analista Fernando Posada, columnista de este diario.

Para Jairo Libreros, analista político y docente del Externado, abrirle la puerta a una asamblea nacional constituyente pone en riesgo la democracia y más por el clima político actual.

"En medio de la crisis política, fiscal y de seguridad que padece Colombia, la sola idea de abrir un espacio para una Constituyente, que no soluciona ninguno de esos tres temas ni otros asuntos como los relacionados con las reformas sociales —salud, laboral y pensional—, pone en riesgo la estabilidad política de nuestra democracia constitucional. El gobierno de Petro lanza de manera irresponsable un "globo de ensayo" llamado Asamblea Nacional Constituyente, con el objetivo de radicalizar el clima de pugnacidad política que se respira en Colombia y obtener réditos electorales en los comicios de 2026, bajo el presupuesto de que el fracaso del Gobierno del Cambio solo es atribuible a los partidos políticos independientes y de la oposición, así como a otros sectores sociales, empresariales y gremiales, a quienes señala como responsables de un bloqueo institucional que solo existe en el imaginario de los inquilinos de la Casa de Nariño", aseveró.

“La oposición dijo en campaña que Petro nos iba a convertir en Venezuela. Muchos dijimos que eso era absurdo. Y hoy, solito, Petro, con su firma de ese decreto, empezó a andar el camino que conduce a darles la razón. Además de inconstitucional, la decisión es políticamente miope”, comentó, por su parte, la analista y docente Sandra Borda.

Pero mientras el presidente Gustavo Petro y su ministro de Justicia avanzan con la idea de la consulta vía decreto y de una constituyente, el Senado busca consensos para sacar adelante la reforma laboral del Gobierno, la cual podría ser aprobada este mismo jueves y la siguiente semana sería su conciliación.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política